El Tribunal Supremo español ha desestimado la demanda de Julio Iglesias contra la vicepresidenta Yolanda Díaz por intromisión al honor. La decisión se basa en que las declaraciones de Díaz, relacionadas con una denuncia archivada contra el cantante, no fueron hechas en el ejercicio de su cargo. El tribunal considera que actuó como ciudadana y dirigente política, por lo que la competencia recae en tribunales de instancia.
El Tribunal Supremo español desestimó este martes la demanda interpuesta por Julio Iglesias por intromisión en el derecho al honor y la intimidad contra la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz. La demanda se originó por declaraciones públicas de la dirigente sobre una denuncia previa contra el cantante por parte de dos extrabajadoras.
La Sala Civil del Tribunal Supremo no admitió la demanda, argumentando que la competencia para este tipo de casos recae en las secciones civiles de los tribunales de instancia.
Los representantes legales del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por comentarios realizados en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa de televisión ‘La Hora de la 1’ de RTVE, en enero pasado. Estas declaraciones surgieron a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por presuntos delitos de abuso sexual, la cual fue posteriormente archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En Bluesky, Yolanda Díaz expresó que los testimonios de las exempleadas le parecían «escalofriantes» y extendió su agradecimiento a «las mujeres valientes y a las periodistas» que participaron en la investigación sobre «abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».
Durante su intervención en RTVE, la vicepresidenta afirmó que la investigación que se estaba divulgando le generaba «terror» y «pánico». Asimismo, manifestó que en ese caso se concentraban «todas las vulneraciones de los derechos humanos» que afectan a mujeres que, según sus palabras, se encontraban en una «posición de inferioridad extrema» tanto como seres humanos como trabajadoras del artista español.
En su auto, la Sala del Tribunal Supremo subraya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la competencia del Supremo para conocer demandas de responsabilidad civil contra miembros del Gobierno «por hechos realizados en el ejercicio de su cargo».
Sin embargo, el tribunal consideró que en este caso específico, «las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento». El Supremo explicó que «se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas, ya que en el mensaje de Bluesky actuó como ciudadana y dirigente política».
En su demanda, Julio Iglesias solicitaba que Yolanda Díaz reconociera que sus manifestaciones constituían «una intromisión ilegítima en el derecho al honor» del cantante. Además, pedía que la vicepresidenta se retractara públicamente, abonara una indemnización y asumiera las costas del proceso judicial.
Cabe recordar que Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus exempleadas por delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. No obstante, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.
