El cantante Julio Iglesias será objeto de una investigación judicial en España tras la admisión a trámite de una querella por presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante, denunciadas por dos extrabajadoras en sus residencias del Caribe. Aunque el juez ha limitado el alcance de la investigación y ha descartado delitos como la trata de seres humanos, el proceso busca esclarecer hechos que se remontan a 2021. La decisión judicial llega tras un primer intento fallido de las denunciantes y plantea desafíos jurisdiccionales dada la ubicación de los supuestos incidentes.
El reconocido cantante Julio Iglesias deberá afrontar una investigación judicial en España a raíz de las alegaciones de presuntas agresiones sexuales que dos exempleadas afirman haber sufrido en sus propiedades caribeñas. El magistrado Antonio Piña Alonso, quien ocupa la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha aceptado a trámite la querella interpuesta por ambas mujeres, aunque ha restringido significativamente los delitos que serán objeto de las indagaciones. Se investigarán posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero se ha desestimado abrir una causa por trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
Esta resolución, emitida el miércoles 18 de noviembre, representa el primer paso judicial efectivo para esclarecer hechos que datan de 2021 y que supuestamente ocurrieron en las propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el testimonio de las denunciantes y la evidencia aportada contienen elementos suficientes para iniciar una investigación penal, pero enfatiza que la admisión de la querella no implica un juicio sobre la credibilidad de las mujeres ni sobre la responsabilidad del cantante.
El procedimiento se inicia tras un intento previo fallido de las extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En enero de este año, el Ministerio Público archivó las diligencias preprocesales al determinar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar sucesos ocurridos fuera del territorio nacional. Las denunciantes, con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide, decidieron entonces acudir directamente a los juzgados presentando una querella el pasado 3 de septiembre.
Posteriormente, la Fiscalía modificó su postura. En un informe remitido al magistrado en octubre, el Ministerio Público argumentó que la Audiencia Nacional sí podía examinar la denuncia, al considerar que se cumplían los requisitos legales para ejercer la jurisdicción española sobre presuntos delitos cometidos en el extranjero por un ciudadano español. El juez finalmente ha admitido la querella, si bien su resolución incluye una extensa reflexión sobre las complejidades que implica investigar en España hechos acaecidos en otros dos países.
El magistrado dedica una parte considerable del auto a explicar por qué considera problemática la elección de España para juzgar hechos que presuntamente se produjeron íntegramente en el extranjero. Aunque reconoce que la nacionalidad española de Iglesias permite activar el principio de personalidad establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, advierte que las pruebas clave y muchas de las personas que habrían estado involucradas se encuentran en Bahamas y República Dominicana. También señala que ambos países poseen sistemas judiciales propios y que no se han presentado elementos que pongan en duda sus garantías.
Uno de los reproches más significativos de la resolución se refiere a la manera en que se ha formulado la querella. Las denunciantes atribuyen a dos responsables de las residencias del cantante, identificadas como las señoras M. y Z., una participación directa en los episodios de violencia sexual y física. No obstante, ninguna de ellas figura entre las personas contra las que se dirige la acción penal. El juez considera que la narración omite detalles sobre las conductas que se les imputan y advierte que esta ausencia podría dificultar la reconstrucción de los hechos y limitar el derecho de defensa de Iglesias. Al tratarse de ciudadanas extranjeras y de hechos ocurridos fuera de España, los tribunales españoles no tendrían, en principio, jurisdicción para investigarlas.
A pesar de estas objeciones, el magistrado entiende que las deficiencias señaladas no justifican inadmitir la querella. Sin embargo, sí descarta uno de los delitos más graves planteados por las extrabajadoras: la trata de seres humanos con fines de trabajo forzado o servidumbre. Para ello, se basa, entre otros elementos, en las conversaciones aportadas sobre la contratación de una de las mujeres. Según el auto, fue seleccionada a través de una oferta pública en una red social, sabía que el puesto incluía alojamiento y aceptó esas condiciones. El juez también destaca que el salario ofrecido superaba el mínimo establecido en República Dominicana para trabajadores de grandes empresas y que no consta que se le retirara el pasaporte o se le impidiera comunicarse con otras personas.
La resolución añade que la trabajadora abandonó el empleo cuando decidió hacerlo y que, tras su partida, Iglesias atendió algunas de sus reclamaciones, incluyendo las relativas a una carta de recomendación, el seguro y el pago de cantidades pendientes. A juicio del instructor, los hechos descritos no permiten apreciar indicios de captación o traslado con finalidad de explotación ni una intervención del cantante en esas supuestas actuaciones. También rechaza investigar los delitos contra los derechos de los trabajadores porque, según expone, las legislaciones de Bahamas y República Dominicana no contemplan un delito equivalente a los tipos penales españoles. En República Dominicana, estas conductas tendrían una respuesta en el ámbito administrativo-laboral.
El auto también examina los mensajes de WhatsApp que una de las denunciantes intercambió con una de las encargadas después de dejar la residencia. El contacto se mantuvo durante años y en algunas conversaciones la mujer preguntaba por el estado de salud de Iglesias. En enero de 2023, por ejemplo, le expresó su deseo de felicitarle el año nuevo; en abril de 2024 volvió a preguntar si se encontraba bien. El juez considera que el tono afectuoso de estos intercambios presenta una aparente discordancia con algunos aspectos del relato de la querella y cree que deberá aclararse durante la instrucción. No obstante, advierte que estos fragmentos no permiten concluir que las agresiones no existieran y solicita examinar las comunicaciones en su conjunto.
En cuanto a la posible prescripción, el magistrado limita la investigación por lesiones y trato degradante a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, fecha que toma como referencia para el plazo de cinco años. Los episodios anteriores solo podrán examinarse si forman parte de la dinámica de un delito sexual que no haya prescrito. Respecto a las agresiones sexuales, considera prematuro pronunciarse porque algunas de las conductas denunciadas podrían encajar en figuras penales que, conforme a la legislación vigente cuando ocurrieron, tenían penas inferiores y planteaban dudas sobre su prescripción. Será la investigación la que permita concretar qué ocurrió y qué calificación jurídica corresponde.