La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso formalmente a la solicitud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, de cambiar su prisión preventiva por arresto domiciliario. Los fiscales argumentan un "riesgo extremo de fuga" y un posible peligro para la comunidad, citando la gravedad de las acusaciones y la significativa pena mínima que enfrentaría de ser hallada culpable. La defensa, por su parte, basa su petición en problemas de salud y la falta de antecedentes penales de Flores.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó formalmente su objeción a la solicitud de Cilia Flores, cónyuge de Nicolás Maduro, para dejar la detención preventiva y permanecer bajo confinamiento domiciliario mientras espera su proceso judicial. La dependencia considera que existe un “riesgo extremo de fuga” y que su liberación podría implicar un peligro para la sociedad.
En su documento, los fiscales afirman que Flores, de 69 años, enfrenta la posibilidad de una condena obligatoria mínima de 40 años de prisión si es encontrada responsable, circunstancia que, según la acusación, representa un fuerte estímulo para intentar eludir la justicia. La Fiscalía también fundamentó su oposición en la seriedad de las acciones que atribuye a Flores. Según los fiscales, ella habría participado junto a Maduro y otros presuntos co-conspiradores en actividades de tráfico de drogas, corrupción y actos de violencia, incluyendo secuestros, agresiones y asesinatos. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y aún deberán ser demostradas ante el tribunal. Flores y Maduro se han declarado inocentes.
Los fiscales señalaron además que, si Flores fuera puesta en libertad bajo ciertas condiciones, podría intentar intimidar a testigos o víctimas que permanecen en Venezuela, argumento con el que ponen en duda que las medidas propuestas por la defensa sean suficientes para neutralizar los riesgos que, a su juicio, implicaría su excarcelación.
La defensa alega problemas de salud
La representación legal de Flores solicitó a principios de septiembre que la acusada fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York bajo un régimen de confinamiento domiciliario que incluiría vigilancia armada las 24 horas, monitoreo mediante GPS, restricciones de visitas y supervisión de sus comunicaciones. Sus abogados basaron la petición principalmente en su estado de salud. Alegan que Flores ha presentado afecciones cardíacas durante su reclusión y que pudo haber sufrido un infarto leve en julio, aunque indicaron que no se realizaron entonces las pruebas necesarias para confirmarlo. También sostienen que podría necesitar un cateterismo cardíaco y otros procedimientos médicos. La defensa argumenta que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no ofrece las condiciones adecuadas para su recuperación después de un eventual procedimiento invasivo. Asimismo, sostiene que Flores no tiene antecedentes penales y que las estrictas condiciones propuestas serían suficientes para evitar cualquier riesgo de fuga.
La Fiscalía rechazó esos argumentos y sostuvo que ninguna de las condiciones planteadas garantizaría suficientemente la comparecencia de Flores durante el proceso ni eliminaría el peligro que, asegura, podría representar su liberación.
Juez evaluará la solicitud en octubre
La defensa tiene previsto responder a los argumentos de la Fiscalía antes de que el juez federal Alvin K. Hellerstein evalúe la petición. Una audiencia sobre el confinamiento domiciliario está programada para el 8 de octubre, y será el magistrado quien determine si Flores continúa detenida o puede esperar el juicio bajo otras condiciones. El proceso contra Flores y Maduro permanece en fase previa al juicio. El inicio del juicio está programado para el 1 de junio de 2027.
