Acusan a los Kirchner de inflar el valor de una empresa hotelera en un 12.000 %

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La expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, enfrentan acusaciones de haber aumentado en más de un 12.000 % el patrimonio de una de sus firmas hoteleras. Esto habría ocurrido mediante presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas, durante la primera jornada del proceso judicial conocido como 'Hotesur-Los Sauces'. El caso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N.º 5 de Buenos Aires.

Buenos Aires (EFE).- Cristina Fernández, expresidenta argentina de 2007 a 2015, y su hijo Máximo Kirchner, fueron señalados este viernes de haber incrementado el capital de una de sus entidades hoteleras en más de un 12.000 %. Esto se habría logrado a través de actividades de blanqueo de dinero, agrupación delictiva y sobornos, durante la sesión inaugural del juicio oral de la causa denominada 'Hotesur-Los Sauces'. La diligencia judicial se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) de la capital argentina. Tanto Fernández, quien cumple reclusión domiciliaria desde junio de 2025 por otro asunto de corrupción, como su descendiente participaron de forma remota, al igual que los otros 19 imputados.

Durante la lectura de los cargos, la Fiscalía sostuvo que, entre 2006 y 2016, el patrimonio neto de Los Sauces, una compañía hotelera familiar, se elevó de 100.000 pesos a 12.122.430,26 pesos, mediante transacciones con empresas vinculadas a convenios de obra pública.

La exmandataria también fue acusada de haber “ideado, implementado y dirigido” un sistema para reciclar fondos de origen ilícito entre enero de 2009 y marzo de 2016. A Fernández se le imputa el delito de asociación ilícita, en su rol de máxima responsable, y blanqueo de capitales, las mismas infracciones atribuidas a su difunto cónyuge, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). El hijo de ambos, el diputado Máximo Kirchner, es acusado como el organizador de la supuesta asociación ilícita.

La Fiscalía detalló que el 88 % de la facturación de Los Sauces entre 2009 y 2016 provino de empresas relacionadas con Lázaro Báez, un empresario del sector de la construcción detenido desde 2016 por otra causa de corrupción, y de dos empresarios de medios cercanos al kirchnerismo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los tres también están procesados en este litigio. Conforme a la acusación, los pagos se canalizaron a través del arrendamiento de propiedades y hoteles, lo que permitió integrar al patrimonio familiar dinero resultante de supuestas anomalías en la obra pública y de ganancias empresariales.

Los fiscales señalaron la existencia de una estructura organizada que permitió a sus responsables, por más de una década, «extraer de las arcas estatales miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un recorrido de retorno de dichos fondos mediante diversos mecanismos de lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial».

En cuanto al rol de Fernández, indicaron que aprobó los balances económicos de Los Sauces entre 2006 y 2016, respaldó adquisiciones de inmuebles y ratificó convenios con empresarios bajo investigación. Máximo Kirchner, por su parte, presidió la sociedad, aprobó estados contables y firmó contratos de arrendamiento. Los fiscales también alertaron sobre irregularidades en una serie de operaciones inmobiliarias por las cuales la familia Kirchner habría adquirido, a través de Los Sauces, diversas propiedades tanto en el sur del país como en la capital.

Luego de su inicio este viernes, el proceso judicial continuará con sesiones los días lunes, viernes y sábados. El siguiente paso será la lectura de los cargos por la causa ‘Hotesur’, que se enjuicia de manera conjunta con la causa ‘Los Sauces’ y que también indaga el blanqueo de dinero mediante actividades hoteleras. En paralelo, Fernández, sentenciada por irregularidades en la concesión de obras públicas, afronta desde noviembre de 2025 otro juicio por corrupción, acusada de liderar una agrupación ilícita que recibía sobornos de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.