Un juez federal argentino ha desestimado la causa penal contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros involucrados en el colapso de la criptomoneda $LIBRA. La resolución judicial determina que los hechos reportados no configuran ningún ilícito penal, descartando acusaciones de estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles. Esta decisión también beneficia a un empresario estadounidense y a otros intermediarios financieros vinculados al proyecto.
El magistrado federal argentino Marcelo Martínez di Giorgi ha cerrado la investigación que involucraba al presidente de Argentina, Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como a otros individuos indagados en el expediente penal abierto por la caída de la criptomoneda $LIBRA. El dictamen establece que los sucesos denunciados «no se ajustan a ninguna figura jurídica» de índole penal, descartando las imputaciones por presunta estafa, abuso de poder o tratos incompatibles con la función pública. La determinación judicial también favorece al empresario norteamericano Hayden Mark Davis y a un grupo de mediadores y analistas económicos relacionados con la iniciativa.
Tras hacerse pública la sentencia, el presidente Milei se pronunció a través de su perfil en la plataforma X, afirmando que la Justicia «ha vuelto a poner las cosas en su sitio». «¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de falsedades, difamaciones y ofensas que buscaban dañar mi buena reputación y honor?», inquirió el mandatario, quien reiteró que las denuncias en su contra eran una «maniobra política y mediática» orquestada por sectores de la oposición.
La controversia surgió a mediados de febrero de 2025, cuando Milei publicó un mensaje en X promocionando el lanzamiento de $LIBRA. Después de la publicación presidencial, la capitalización de mercado del activo creció rápidamente superando los 4.000 millones de dólares, impulsada por aproximadamente 40.000 inversores. Sin embargo, en cuestión de horas el valor del token se desplomó después de que diversas carteras digitales retiraran cerca de 90 millones de dólares. Tras la caída, el jefe de Estado eliminó la publicación y aclaró que no tenía ninguna relación con el proyecto ni conocía sus detalles.
En su veredicto, el juez sostuvo que, aunque la «posición institucional» del mandatario pudo haber conferido visibilidad al token, esa circunstancia no constituye un «engaño fraudulento». La resolución judicial provocó reacciones de inmediato rechazo entre los inversores perjudicados y diversas organizaciones civiles. Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), calificó la medida como «prematura» y advirtió sobre el riesgo de consolidar un pacto de impunidad sin haber completado todas las averiguaciones probatorias.