Expresidente Santiago Peña Recluido en Recinto Militar Tras Destitución y Arresto por Escándalo Bancario en Paraguay

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El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado a una instalación militar por seguridad el viernes por la noche, luego de ser destituido por el Senado y arrestado por la Fiscalía. Esta medida se tomó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras ligadas al colapso de Ueno Bank, una institución con millones de clientes. La situación generó protestas frente a su residencia, lo que motivó su reubicación preventiva.

El antiguo presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado la noche del viernes al Regimiento Escolta Presidencial por motivos de seguridad. Esto ocurrió horas después de que el Senado lo destituyera y la Fiscalía ordenara su detención, en el contexto de una investigación sobre supuestas anomalías económicas relacionadas con el derrumbe de Ueno Bank, una entidad que atendía a unos 2.9 millones de usuarios. El exmandatario fue sacado de su hogar minutos antes de la medianoche en una caravana de vehículos, después de que se produjeran enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales cerca de su vivienda. Los ciudadanos exigían que fuera encarcelado en lugar de permanecer bajo arresto domiciliario. Según lo reportado por el periódico ABC Color, durante los incidentes algunos manifestantes arrojaron huevos e insultaron al expresidente, y un comisario resultó herido por un objeto. Las autoridades justificaron el traslado argumentando la necesidad de asegurar la protección de Peña, quien permanecerá preventivamente en el recinto militar hasta su comparecencia ante la Fiscalía.

La Fiscalía investiga a Peña por posibles irregularidades en Ueno Bank

La detención del exgobernante fue dispuesta por el Ministerio Público dentro del expediente penal número 92/2026, vinculada a la presunta comisión de lesión de confianza y otros actos ilícitos relacionados con la crisis financiera de Ueno Bank. En el mismo expediente se encuentra Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien se entregó voluntariamente a las autoridades policiales y fue posteriormente llevado a la Agrupación Especializada. Carvallo había presentado su renuncia a su cargo tras el anuncio del procedimiento de resolución de la institución bancaria, cuya situación financiera causó inquietud entre millones de clientes y organismos estatales que tenían fondos depositados en el banco.

El Senado destituye a Peña con 44 votos

La remoción de Santiago Peña se produjo después de que los 44 senadores presentes votaran a favor de declararlo culpable de mal desempeño en sus funciones, durante un juicio político llevado a cabo en su ausencia. El exmandatario había presentado su dimisión el jueves, argumentando que buscaba evitar mayores perjuicios al país y contribuir a restaurar la estabilidad institucional. Sin embargo, el Congreso no pudo pronunciarse sobre su renuncia por falta de quórum. Con esta decisión, Peña se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay destituido mediante juicio político, después de Fernando Lugo, separado del cargo en 2012. Además, la destitución le impide a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, prevista en la Constitución paraguaya para expresidentes elegidos democráticamente que no hayan sido removidos mediante este procedimiento.

Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay

Tras la salida de Peña, Pedro Alliana, quien ejercía como vicepresidente, prestó juramento como nuevo presidente de Paraguay y deberá completar el período constitucional hasta agosto de 2028. En su primer pronunciamiento, Alliana prometió compensar a los afectados por el colapso financiero de Ueno Bank y aseguró que el Estado no desamparará a los ciudadanos que tienen sus ahorros comprometidos.

El escándalo bancario impacta a millones de paraguayos

La crisis de Ueno Bank se desencadenó después de que el Banco Central del Paraguay identificara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido, lo que motivó el inicio de un proceso de resolución bancaria. La institución financiera contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes, en un país de unos 6.1 millones de habitantes, y había recibido importantes depósitos de instituciones públicas durante la administración de Peña. Entre los perjudicados se encuentran alrededor de 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social, mientras que durante el juicio político los diputados acusadores denunciaron supuestas pérdidas cercanas a 1,200 millones de dólares en recursos de los paraguayos. Esa cifra corresponde a los señalamientos presentados durante el proceso político y no representa una pérdida establecida mediante sentencia judicial. Mientras el nuevo Gobierno intenta asegurar la devolución de los fondos a los ahorristas, la Fiscalía continúa las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales de Peña y los demás exfuncionarios implicados.