La población haitiana empieza a recuperar la normalidad en sus calles, previamente controladas por grupos criminales, gracias a una ofensiva de seguridad que ha incrementado la presión sobre estas organizaciones. Las imágenes recientes muestran a personas transitando libremente por áreas que antes eran focos de conflicto. Esta situación se percibe como una señal de progreso en la restauración de la libertad de movimiento y es atribuida a las operaciones conjuntas de autoridades haitianas y fuerzas internacionales, incluyendo efectivos de El Salvador.
PUERTO PRÍNCIPE.– El incremento de la presencia de las fuerzas de seguridad en diversas áreas de Haití está permitiendo que los residentes regresen a las calles, las cuales estuvieron bajo el dominio de pandillas durante años, sufriendo restricciones, extorsiones y violencia. Esta situación se da en el contexto de una ofensiva que ha fortalecido la presión sobre las organizaciones delictivas que amenazan a la población. Se han difundido recientemente fotografías que muestran a personas circulando por zonas que antes eran escenario de conflictos y control territorial por parte de grupos armados. Esta coyuntura se presenta como un indicio de la recuperación de la autonomía de movimiento y como un logro de las operaciones contra las bandas criminales, en las que participan autoridades haitianas y militares extranjeros, incluidos soldados de El Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asumido un rol destacado en esta intervención. Tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación de su nación en una emboscada el 18 de octubre, El Salvador movilizó a más de 2,000 efectivos militares en territorio haitiano, en una operación que el mandatario inicialmente relacionó con la búsqueda de sus compatriotas y la lucha contra las estructuras criminales.
La participación salvadoreña ha generado apoyo entre diversos sectores de la ciudadanía haitiana. El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, expresó públicamente su gratitud a Bukele por su respaldo y afirmó que las fuerzas foráneas están en el país para apoyar al Estado haitiano, no para reemplazarlo. También garantizó que el Gobierno mantiene como prioridades el restablecimiento de la seguridad y la recuperación del dominio de las comunidades afectadas.
Uno de los sucesos recientes que refleja la intensificación de la ofensiva fue el fallecimiento de Mathias Saintil, identificado por las autoridades como el líder de la banda Boston, que opera en Cité Soleil, en la periferia de Puerto Príncipe. El supuesto cabecilla resultó gravemente herido durante una operación de seguridad que involucró el uso de drones y falleció posteriormente mientras recibía atención médica, según informes de organizaciones de derechos humanos citados por Reuters. El primer ministro haitiano celebró el resultado de esa operación con un mensaje en el que declaró que había “un jefe de banda menos” y reiteró que la batalla para liberar al país del control de los grupos armados continuaría. La Policía Nacional de Haití también confirmó que Saintil fue neutralizado durante una intervención de las fuerzas de seguridad.
Avances en algunos sectores, pero sin control pleno del territorio
El retroceso de las pandillas en ciertas áreas no implica que Haití haya superado la crisis de seguridad. Un informe de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), apoyada por Naciones Unidas, documentó una disminución de la actividad delictiva en sectores como Tabarre y Delmas, donde la presencia constante de efectivos ha propiciado el regreso de residentes y pequeños negocios. Entre abril y agosto de 2026, esa fuerza reportó 441 patrullajes, seis operaciones de cerco y registro, tres intervenciones de despeje, la remoción de 40 barricadas y el desmantelamiento de dos puestos de control ilegales. Al cierre de agosto, tenía desplegados 1,213 efectivos uniformados de seis países, una cifra inferior a los 5,500 autorizados para la misión.
Sin embargo, el informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Haití advierte que los avances territoriales siguen siendo frágiles. Aunque las operaciones de seguridad han frenado la expansión de las bandas en partes de Puerto Príncipe, los grupos armados mantienen influencia sobre importantes corredores de transporte y continúan extendiendo sus actividades hacia otras regiones, entre ellas Artibonito y el departamento del Centro. La magnitud de la crisis también se evidencia en las cifras de violencia. Según datos presentados por Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, entre julio y principios de octubre de 2026, al menos 1,123 personas fueron asesinadas y otras 440 resultaron heridas en incidentes relacionados con la violencia de las pandillas. Además, se registraron 689 casos de violación contra mujeres y niñas durante julio y agosto.
El desafío de recuperar la confianza y garantizar la seguridad
La intervención internacional también enfrenta cuestionamientos sobre la coordinación y las normativas bajo las cuales operan los efectivos extranjeros. Associated Press informó que la mayoría de los militares salvadoreños desplegados recientemente no están operando bajo el marco de la fuerza de supresión respaldada por Naciones Unidas, lo que ha generado interrogantes sobre su cadena de mando, las reglas de actuación y los mecanismos de rendición de cuentas. El organismo internacional ha insistido en que las operaciones de seguridad deben respetar los derechos humanos y proteger a los civiles, especialmente en zonas urbanas donde la población queda expuesta a los enfrentamientos.
La recuperación de las calles representa una condición fundamental para que los haitianos puedan movilizarse, trabajar, estudiar y acceder a servicios sin vivir bajo amenazas. No obstante, el desafío va más allá de hacer retroceder a los grupos armados: implica consolidar la presencia del Estado, restablecer los servicios públicos, recuperar las vías de comunicación y asegurar que las comunidades no vuelvan a quedar bajo el dominio de las pandillas. La ofensiva actual inaugura una nueva fase en la respuesta a la crisis haitiana, pero su resultado dependerá de que los avances de seguridad se mantengan y se traduzcan en condiciones estables para la población.