Amnistía Internacional ha solicitado a los gobiernos de Haití y El Salvador garantizar la observancia de los derechos humanos durante las operaciones militares dirigidas a combatir las bandas armadas en territorio haitiano. Tras el despliegue de militares salvadoreños en Puerto Príncipe, la organización enfatiza la necesidad de transparencia en los acuerdos y el respeto a las normativas internacionales. Se busca asegurar que las acciones de las tropas no vulneren a la población civil, que ya enfrenta una severa crisis humanitaria.
Amnistía Internacional exhortó a las administraciones de Haití y El Salvador a asegurar la protección de los derechos fundamentales durante las intervenciones contra grupos armados en Haití, a raíz del arribo de más de dos mil efectivos salvadoreños en Puerto Príncipe. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deben garantizar que la actuación de las fuerzas armadas cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. “El compromiso del primer ministro haitiano de no permitir transgresiones debe concretarse en salvaguardias efectivas”, declaró Piquer en un comunicado.
La entidad pidió a ambos gobiernos hacer público el convenio que autoriza el envío de tropas, detallar los sistemas de supervisión de los soldados y definir claramente las directrices sobre el empleo de la fuerza, así como los procedimientos para reportar posibles abusos.
El contingente de El Salvador llegó a Haití en octubre, con el propósito inicial de asistir en la localización de cuatro militares de ese país, quienes desaparecieron el 18 de ese mes tras una emboscada de grupos armados en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets. Los soldados extraviados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cuya constitución fue aprobada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para respaldar la lucha contra las facciones armadas que dominan gran parte de Puerto Príncipe.
No obstante, Amnistía Internacional cuestionó la falta de claridad sobre la operación del grupo adicional enviado por El Salvador y su coordinación con la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la GSF. La semana anterior, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, explicó que la mayoría de los efectivos salvadoreños en Haití no pertenecen a la GSF, por lo que no están bajo su jurisdicción ni los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.
Por su parte, Fils-Aimé sostuvo que su administración busca poner fin al control de las bandas armadas y restablecer la autoridad estatal con el respaldo de El Salvador y las fuerzas internacionales. Piquer advirtió que las operaciones de seguridad podrían incrementar los peligros para las comunidades que ya enfrentan una grave crisis humanitaria, especialmente al llevarse a cabo cerca de residencias, centros educativos y hospitales. “La ciudadanía haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin temor”, manifestó la representante de Amnistía Internacional.
En este sentido, la organización insistió en que el uso de la fuerza debe adherirse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de considerar medidas específicas para resguardar a niños y adolescentes, incluyendo a aquellos reclutados por las bandas armadas. También exigió que cualquier denuncia de violaciones a los derechos humanos sea investigada de forma pronta, independiente e imparcial, con mecanismos que permitan a las personas afectadas presentar sus quejas sin miedo a represalias.
Finalmente, Amnistía Internacional solicitó esclarecer lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y exigió su liberación inmediata y sin daños si permanecen retenidos por algún grupo armado.