La Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta ha entregado en Bruselas más de un millón de rúbricas de la iniciativa ciudadana ‘Justicia por Palestina’. Este logro insta a la Comisión Europea a pronunciarse en un plazo de seis meses sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, argumentando un supuesto genocidio en Gaza y violaciones del derecho internacional.
La Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA) presentó en Bruselas más de un millón de respaldos recolectados para la propuesta ciudadana europea ‘Justicia por Palestina’. Este suceso marca el inicio de un periodo de seis meses durante el cual la Comisión Europea deberá emitir una declaración respecto a las peticiones planteadas.
La campaña ‘Justicia por Palestina’, que solicita a la Unión Europea la anulación del Acuerdo de Asociación con Israel debido al “genocidio” en Gaza, sobrepasó en abril la cifra de un millón de firmas requeridas en al menos siete países miembros, conforme a la legislación europea para este tipo de iniciativas.
La entrega de las rúbricas implica que la Comisión Europea dispone ahora de un semestre para contestar a los promotores con posibles acciones legislativas o, en caso de rechazo, con una explicación fundamentada de su postura.
Detrás de esta propuesta se encuentra la Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta, la organización en la que se integran Podemos a nivel continental, junto a La Francia Insumisa o el Bloco portugués, entre otras formaciones políticas.
Suspensión completa del acuerdo de asociación UE-Israel
Los promotores exigen la interrupción total del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel “debido al genocidio, la ocupación y el apartheid que Israel ejerce contra la población palestina, así como a sus constantes infracciones del derecho internacional y los derechos humanos”.
Bruselas ya ha planteado acciones contra Israel por sus operaciones en Gaza, como la suspensión de ciertos beneficios comerciales para dicho país, si bien esta determinación es potestad de los gobiernos europeos.
Diversos Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo a España, favorecen la interrupción, al menos parcial, de este acuerdo con Israel, pero el Consejo –la entidad que representa a los gobiernos– no ha logrado la mayoría necesaria para adoptar ninguna medida en este sentido.