Miles de ciudadanos franceses volvieron a salir a las calles este sábado para manifestarse contra el elevado costo de la vida y exigir mejoras en los servicios públicos. Además, expresaron su oposición a una propuesta legislativa que busca aumentar la protección legal de los agentes policiales. Aunque la concurrencia fue menor que en semanas previas, estas movilizaciones mantienen la presión social sobre el Gobierno en un contexto de descontento prolongado.
Numerosas personas se congregaron nuevamente este sábado en diversas ciudades de Francia para manifestar su desacuerdo con el incremento del costo de vida, reclamar mejores servicios públicos y cuestionar una iniciativa legislativa que busca ampliar la protección de los oficiales de policía al usar sus armas de fuego. Según datos del Ministerio del Interior, las movilizaciones reunieron a aproximadamente 106,000 participantes en todo el territorio francés, de los cuales 24,000 se concentraron en París. Sin embargo, las organizaciones sindicales y estudiantiles elevaron la cifra de asistentes a 200,000 a nivel nacional y 100,000 en la capital.
A pesar de que la convocatoria tuvo una asistencia inferior a la de semanas anteriores, las manifestaciones mantienen la presión social sobre el Gobierno francés, en medio de un escenario de protestas que se ha extendido por más de un mes, con bloqueos en centros educativos y concentraciones en diversas localidades, de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El sábado previo, las autoridades contaron 146,000 participantes, mientras que el 31 de octubre se registraron 320,000; el 24 de octubre, 410,000, y el 17 de octubre, unos 550,000 manifestantes.
Durante una concentración en la plaza de la República, Benjamin Ball, portavoz de los conocidos chalecos amarillos, afirmó que las protestas representan el descontento de amplios sectores de la población. «Hay todo un pueblo que se está levantando», declaró.
La jornada transcurrió en su mayoría sin incidentes graves, aunque se reportaron confrontaciones y disturbios en Nantes y Lyon, donde las autoridades emplearon equipos antidisturbios. También se produjeron algunos incidentes al finalizar la marcha en París. Ante las movilizaciones, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, mantuvo un considerable despliegue de seguridad, con aproximadamente 70,000 agentes policiales y de las fuerzas del orden en diferentes puntos del país.
A las protestas por el costo de la vida se sumaron otras dos convocatorias. Una de ellas estuvo dirigida contra un proyecto de ley que busca reforzar la protección jurídica de los policías cuando utilizan sus armas, iniciativa que sus detractores consideran que podría ampliar excesivamente las facultades de los agentes. La otra movilización estuvo enfocada en rechazar todas las formas de violencia contra niños y adolescentes, incluidas las agresiones sexuales, psicológicas, educativas y económicas. Esta última convocatoria se extendió a 14 ciudades francesas, entre ellas París, en una jornada marcada por distintas demandas sociales.