La Unión Europea ha extendido sus medidas punitivas contra Haití, incluyendo a cuatro organizaciones armadas por su implicación en asesinatos, agresiones sexuales y ataques a infraestructuras vitales. Estas sanciones, que congelan activos y prohíben la entrada a territorio comunitario, buscan específicamente combatir las graves violaciones contra menores en conflictos, reafirmando el compromiso europeo con la protección infantil y el derecho internacional.
La Unión Europea expandió su sistema de penalizaciones sobre Haití este lunes, incorporando a cuatro facciones armadas haitianas por cometer homicidios, violencia sexual y agresiones contra infraestructuras esenciales, según reportó la agencia EFE.
El Consejo de la UE impuso sanciones al colectivo armado 5 Segond, señalado por perpetrar asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual dirigidas a menores. Esta organización también es responsable de ataques a infraestructuras de salud y servicios humanitarios, conforme a la declaración del organismo europeo.
Asimismo, se incluyó a Gran Ravine, una agrupación criminal implicada en secuestros y delitos graves que resultaron en la muerte de civiles y desplazamientos forzosos. La lista se completa con 400 Mawozo y Krazé Baryè, sancionados por el reclutamiento de menores y su exposición a la violencia bélica.
El Consejo congeló los bienes de los cuatro grupos, les impidió el acceso a la zona comunitaria y vetó cualquier tipo de financiación desde la UE hacia dichas organizaciones.
Violencia en Haití: El enfoque en los delitos contra la niñez
El organismo europeo destacó que las medidas restrictivas buscan particularmente combatir las seis infracciones severas contra menores en escenarios de conflicto armado. Entre estas se mencionaron el asesinato, el reclutamiento como soldados, la violencia sexual, el rapto, los ataques a escuelas u hospitales y la negación de asistencia humanitaria.
“Este nuevo conjunto de sanciones ratifica el compromiso inquebrantable de la UE con la salvaguarda de la infancia y el respeto del derecho internacional”, afirmó el Consejo en el comunicado. El texto añadió que la Unión Europea es un socio político y de desarrollo de larga trayectoria para Haití y que continuará colaborando con otros aliados regionales para abordar la crisis humanitaria del país.
El régimen de sanciones implementado data de diciembre de 2020, cuando el Consejo estableció el mecanismo global de la UE en materia de derechos humanos. Ese marco abarca actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras transgresiones graves.
La ofensiva contra 400 Mawozo se intensifica
Mientras la UE aplicaba las sanciones, las fuerzas militares de El Salvador mantenían su operación específicamente contra 400 Mawozo, una de las bandas mencionadas por Bruselas. El 8 de noviembre, unidades especiales de la Policía haitiana, con el respaldo de militares salvadoreños, destruyeron una residencia utilizada por Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, líder de esa organización.
Según una investigación de The Miami Herald, un periódico estadounidense, la operación involucró drones explosivos y cuatro helicópteros, dos de ellos pilotados por efectivos salvadoreños. El contingente enviado por el presidente Nayib Bukele arribó a Haití tras la emboscada del 18 de octubre que dejó desaparecidos a cuatro técnicos de aviación salvadoreños adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), apoyada por Naciones Unidas.
El despliegue abarca aproximadamente 2.500 soldados y se ha convertido en la presencia militar extranjera más significativa en el país caribeño. El 12 de noviembre, la Policía Nacional de Haití recuperó el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, que había permanecido bajo dominio de grupos armados desde 2024. Después de la operación, las autoridades confiaron la vigilancia del recinto a las fuerzas salvadoreñas, que lo transformarán en una base para avanzar sobre otras áreas controladas por las pandillas, conforme anunció Bukele.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, reconoció la cooperación salvadoreña y estará en El Salvador este 16 y 17 de noviembre para dialogar, junto al vicepresidente Félix Ulloa, sobre el porvenir del contingente, cuya fecha de regreso aún no ha sido determinada.
La coexistencia de cinco fuerzas distintas en el terreno —la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la GSF, el contingente salvadoreño y la Task Force vinculada a la empresa Vectus Global— generó interrogantes a nivel internacional. Amnistía Internacional exigió a ambos gobiernos que hicieran pública la cadena de mando y las reglas de acción del despliegue, mientras que el G7 respaldó el mandato de la GSF y solicitó garantías para la protección de la ciudadanía.