Director de la DEA Afirma que Continuará Exponiendo Lazos entre Políticos Mexicanos y Cárteles de Drogas

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El director de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA), Terry Cole, anunció este martes que su agencia seguirá revelando presuntos lazos entre grupos delictivos y figuras políticas en México. Cole enfatizó que la corrupción facilita las operaciones de los cárteles y reiteró el compromiso de la DEA de investigar estas conexiones para salvaguardar la seguridad de las comunidades estadounidenses.

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), declaró este martes que la entidad persistirá en su labor de sacar a la luz los posibles vínculos entre agrupaciones criminales y personalidades políticas en México. Afirmó que la corrupción favorece el funcionamiento de las redes de narcotráfico. A través de su perfil en la plataforma X, el funcionario norteamericano sostuvo que la corrupción en México alimenta las estructuras delictivas que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses y reafirmó la determinación de la DEA de indagar estas conexiones.

“La DEA mantiene su compromiso de evidenciar la unión entre organizaciones terroristas extranjeras letales y figuras políticas corruptas para proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses. No daremos marcha atrás”, escribió Cole.

Tres días antes, el titular de la DEA había advertido que su agencia, junto con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), perseguiría a funcionarios y actores políticos que supuestamente brindan amparo a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. En aquella ocasión, Cole sostuvo que la corrupción y el comercio de drogas están entrelazados, sin importar la posición política de los implicados, y aseguró que las autoridades estadounidenses seguirían investigando a aquellos que se benefician de las operaciones de los cárteles.

Estas declaraciones surgieron luego de que una corte federal de Estados Unidos sentenciara a Antonio Oseguera Cervantes, conocido como «Tony Montana», hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», quien está asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Oseguera Cervantes recibió una condena de veintidós años y medio de prisión por delitos relacionados con el tráfico internacional de narcóticos y armamento, tras haberse declarado culpable meses antes.

En abril de 2026, las autoridades estadounidenses también presentaron cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos. Según las acusaciones de la justicia estadounidense, los involucrados habrían facilitado actividades vinculadas al tráfico de drogas y armas, además de suministrar información confidencial de organismos de seguridad a miembros de la organización criminal. Entre las personas mencionadas en esas acusaciones se encuentran Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Gerardo Mérida Sánchez, Marco Antonio Almanza Avilés y Juan de Dios Gámez Mendívil.

Asimismo, en septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra veintiún individuos y veinticinco empresas por supuestos lazos con una facción del Cártel de Sinaloa ligada a Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco». Entre los señalados figuran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su hermano Luis Alfonso Torres, quienes, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habrían recibido sobornos y participado en operaciones de lavado de dinero.

Las sanciones también incluyeron a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California. Las autoridades estadounidenses los vincularon presuntamente con operaciones destinadas a facilitar las actividades de organizaciones criminales a cambio de beneficios económicos. Los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos se producen en medio de las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico, que incluyen investigaciones, sanciones económicas y procesos judiciales.

Cole reiteró que la DEA mantendrá sus esfuerzos para identificar y evidenciar las conexiones entre organizaciones criminales y actores políticos que presuntamente facilitan sus actividades.