Las cárceles estatales en Estados Unidos ahora están autorizadas a emplear tecnología para bloquear las señales de teléfonos móviles introducidos clandestinamente. Esta medida, aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), busca reforzar la seguridad y contrarrestar el uso de estos dispositivos para actividades delictivas desde los centros de reclusión. La decisión unánime responde a una creciente preocupación por el control que los reclusos ejercen a través de estos aparatos.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha dado luz verde a las prisiones estatales de Estados Unidos para que implementen sistemas de bloqueo de señales de teléfonos celulares que ingresan de manera ilícita. Esta nueva reglamentación permitirá a las administraciones penitenciarias emplear dicha tecnología con el fin de fortalecer la seguridad dentro de sus instalaciones. La resolución fue adoptada sin objeciones por los comisionados reunidos en Washington el jueves, y surge como respuesta a la inquietud de las autoridades estadounidenses respecto al uso de dispositivos móviles de contrabando para perpetrar crímenes desde las cárceles.
Según lo reportado por la agencia Associated Press (AP), los encargados de las prisiones han manifestado por años que los presos utilizan estos aparatos para dirigir redes de narcotráfico, coordinar levantamientos e incluso ordenar actos violentos contra el personal de seguridad y personas fuera de los muros. La nueva normativa no exige que las prisiones instalen estos sistemas, pero sí establece condiciones estrictas para su operación. Entre estas, se incluyen la realización de múltiples pruebas para asegurar que las señales telefónicas en el exterior de los establecimientos no se vean comprometidas, y la obligación de informar a las autoridades cuando los dispositivos sean reubicados.
La comisionada Anna Gomez, quien finalmente apoyó la iniciativa, expresó su preocupación por las posibles repercusiones de una calibración incorrecta, que podría interrumpir sistemas de seguridad domésticos o impedir llamadas de emergencia. “Deseo garantizar que no comprometamos la seguridad pública al intentar mejorarla”, declaró Gomez, la única demócrata en el panel.
Un desafío para la seguridad penitenciaria
El presidente de la FCC, Brendan Carr, defendió la autorización, argumentando que la tecnología representa una herramienta adicional para las autoridades estatales y municipales, aunque admitió que no es la solución definitiva al problema. Carr reveló que anualmente se confiscan aproximadamente 25,000 teléfonos celulares en prisiones estatales y locales de Estados Unidos, una cifra que, según él, demuestra la magnitud del contrabando de dispositivos en los centros penitenciarios. Los aparatos son introducidos a través de diversos métodos, como escondidos en balones de fútbol americano vaciados, con la complicidad de empleados deshonestos o lanzados por encima de las vallas mediante drones. Durante una visita a Carolina del Sur, el funcionario presenció una exposición de cientos de teléfonos incautados y drones utilizados para transportar artículos prohibidos a las cárceles.
Agresiones y revueltas relacionadas con celulares clandestinos
Entre los casos citados para justificar la medida se encuentra el de Robert Johnson, un guardia penitenciario de Carolina del Sur que estuvo al borde de la muerte durante un ataque en su hogar en 2010. De acuerdo con las autoridades, la agresión fue planeada por un recluso que utilizó un teléfono celular introducido ilegalmente en prisión. Johnson ha narrado las secuelas físicas del ataque, que lo han llevado a someterse a casi tres docenas de operaciones y a vivir con dolor crónico. Otro incidente relevante sucedió en 2018, cuando siete reclusos perdieron la vida durante un motín en una cárcel de Carolina del Sur, considerado entonces el enfrentamiento carcelario más letal en Estados Unidos en 25 años. Las autoridades atribuyeron el suceso a una disputa entre bandas que, en parte, habría sido coordinada mediante teléfonos celulares ilegales.
Carolina del Sur, sede de las primeras pruebas
Ese estado ha liderado los experimentos con esta tecnología en centros penitenciarios. En 2008, la FCC aprobó una prueba de un sistema de bloqueo en una prisión de máxima seguridad, utilizando un dispositivo que emitía una frecuencia capaz de interrumpir las señales telefónicas dentro de un área específica sin afectar el servicio exterior. Posteriormente, en 2019, se llevó a cabo otra prueba en una prisión estatal, como parte de una colaboración entre autoridades federales y penitenciarias. Hasta ahora, la tecnología estaba permitida en instalaciones federales, pero las prisiones estatales requerían la autorización de la FCC debido a las restricciones establecidas en una ley de comunicaciones de casi un siglo de antigüedad.
Inquietudes sobre los derechos de los reclusos
La autorización también ha provocado objeciones por parte de organizaciones que defienden los derechos de las personas privadas de libertad y de representantes de la industria de las telecomunicaciones. Los grupos que abogan por los reclusos argumentan que las elevadas tarifas de los servicios telefónicos oficiales en las cárceles han empujado a algunos internos a buscar vías ilegales para mantenerse en contacto con sus parientes. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones han advertido sobre el riesgo de que los sistemas de bloqueo interfieran con comunicaciones legítimas y perjudiquen a personas que residen o trabajan cerca de los centros penitenciarios. La FCC considera que las nuevas condiciones permitirán el uso de esta tecnología de forma más controlada, con el objetivo de reducir el uso de celulares ilegales sin afectar las comunicaciones de las comunidades aledañas.