El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se prepara para registrar su candidatura a un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027. Esta decisión ocurre en un contexto de alta aprobación en su país y, simultáneamente, mientras su gobierno ejecuta una operación militar en Haití. La intervención busca localizar a militares salvadoreños desaparecidos y extender su estrategia de seguridad contra grupos delictivos en la nación caribeña, generando debates sobre su modelo de gestión y las implicaciones regionales.
El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene programado formalizar este jueves 19 de noviembre su intención de postularse para un tercer período presidencial seguido en los comicios del 28 de febrero de 2027. Esto sucede en un momento en que su administración ha iniciado una acción militar contra agrupaciones delictivas en Haití, donde ha movilizado a más de dos mil efectivos con el fin de encontrar a cuatro militares salvadoreños que se presumen secuestrados.
Bukele, de 45 años, aspira a permanecer en el cargo junto a su vicepresidente, Félix Ulloa. Su candidatura cuenta con un respaldo cercano al 80 % de aprobación, según encuestas mencionadas por medios internacionales. El mandatario se enfrentará a cuatro postulantes de la oposición, entre ellos Maytee Iraheta, representante de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La posibilidad de esta nueva candidatura surge de una enmienda constitucional ratificada en julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, la cual está controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Esta modificación eliminó las restricciones a la reelección presidencial, extendió el período de gobierno de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó la fecha de las elecciones a febrero de 2027, con el objetivo de que coincidieran con los comicios legislativos y municipales.
Bukele asumió el poder en 2019 y fue reelegido en 2024, luego de que un dictamen de la Corte Suprema de Justicia en 2021 permitiera la reelección consecutiva del presidente, algo que previamente estaba prohibido por la Constitución. Su popularidad se atribuye principalmente a la disminución de la violencia causada por las pandillas, lograda mediante un estado de excepción que rige desde marzo de 2022, bajo el cual se han capturado a más de 93,000 personas. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han reportado detenciones arbitrarias, actos de tortura y más de 500 fallecimientos bajo custodia del Estado.
La aspiración electoral coincide con la intervención militar salvadoreña en Haití, que comenzó tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos el 18 de octubre, durante un ataque de grupos armados. Aunque Bukele justificó el envío de más de 2,000 soldados como una misión de rescate, las operaciones se han expandido para incluir acciones contra organizaciones criminales que controlan diversas áreas de Puerto Príncipe, con la intención de aplicar una parte de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador.
El despliegue salvadoreño se lleva a cabo en un territorio donde también operan la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), apoyada por Naciones Unidas, y personal de seguridad ligado a la compañía estadounidense Vectus Global. La GSF ha marcado distancia de la operación unilateral de Bukele, mientras Estados Unidos ha solicitado coordinación para evitar enfrentamientos entre fuerzas aliadas y la ONU ha instado a asegurar la protección de los civiles.
Mientras Bukele busca extender su permanencia en la Presidencia, su enfoque de seguridad sigue generando opiniones divididas. Sus defensores resaltan la reducción de los homicidios y el debilitamiento de las pandillas, mientras que sectores de la oposición y organizaciones internacionales critican la concentración de poder y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. A estos debates se suman las inquietudes económicas de la población, especialmente en relación con el costo de vida, lo cual representa uno de los desafíos principales para su administración.