El exvicepresidente segundo de Ueno Bank, Julio Daniel Rey Fernández, se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público paraguayo para entregar documentación clave sobre presuntas irregularidades financieras. Tras sus revelaciones, su defensa ha solicitado un refuerzo de la seguridad durante su detención. Este testimonio podría ser fundamental para la investigación sobre el destino de los recursos del banco.
Julio Daniel Rey Fernández, quien fuera el segundo vicepresidente de Ueno Bank, compareció de forma voluntaria ante el Ministerio Público de Paraguay. Allí, entregó documentos que, según él, evidencian supuestas anomalías económicas dentro de la institución bancaria. Después de sus declaraciones, su representación legal pidió que se reforzaran las medidas de protección mientras permanece recluido en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Tacumbú, donde cumple prisión preventiva.
La comparecencia tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre frente a fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Según su abogado, Guillermo Ferreiro, el exdirectivo facilitó datos sobre movimientos de cuentas, transacciones financieras cuestionadas y diversos documentos que podrían asistir a los investigadores en el rastreo del destino de los fondos del banco. Entre los puntos destacados en la información del caso se encuentran depósitos sospechosos, operaciones de gran envergadura, compañías relacionadas con el conglomerado financiero y bienes inmuebles cuya propiedad deberá ser verificada.
También se menciona un supuesto informe interno denominado «Delirio Colectivo», tras el cual dos directivos que habrían expresado dudas sobre ciertas operaciones fueron destituidos de sus puestos. Estas acusaciones siguen bajo investigación. Ferreiro explicó que su cliente había detectado transacciones que le resultaron extrañas mientras desempeñaba su cargo, por lo que solicitó informes y aclaraciones que, según afirmó, no fueron satisfactorias.
El letrado también reconoció que Ueno Bank enfrentaba dificultades de liquidez y que Rey tenía conocimiento de documentos internos que advertían sobre la necesidad de implementar correcciones. Sin embargo, sostuvo que desconocía el llamado informe Rivarola, relacionado con la supervisión del Banco Central del Paraguay.
La crisis de Ueno Bank se intensificó el 3 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay anunció el inicio de un proceso de resolución de la entidad. Esta decisión se tomó después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La medida fue precedida por una revisión de sus estados financieros que identificó deficiencias relacionadas con la calidad de los activos y operaciones con empresas vinculadas.
En medio de la investigación, la defensa de Rey solicitó mayores salvaguardas dentro del centro penitenciario, considerando la información que supuestamente proporcionó a las autoridades. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre amenazas específicas contra el exdirectivo ni sobre posibles disposiciones adicionales para asegurar su bienestar. Su abogado aseveró que Rey fue separado del consejo directivo antes de la intervención bancaria y que posteriormente continuó trabajando en otra compañía del mismo grupo.
Ferreiro aseguró que su defendido asumirá las responsabilidades correspondientes a las decisiones en las que efectivamente participó, pero negó que se le atribuyan acciones ajenas a sus funciones. Asimismo, manifestó que Rey está dispuesto a colaborar con la Fiscalía para facilitar la recuperación de los fondos de los depositantes perjudicados, mientras las autoridades continúan examinando los documentos y las operaciones financieras ligadas al caso.