A solo dos días de conmemorarse el quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, la organización Prisoners Defenders ha reportado que 1,306 individuos permanecían detenidos por razones políticas en Cuba hasta finales de junio de 2026. Esta cifra representa el número más elevado que la entidad ha registrado desde que comenzó su labor de documentación, destacando un aumento significativo en la represión, con 40 de los detenidos siendo menores de edad al momento de su arresto.
Cerca de la fecha en que se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), la agrupación Prisoners Defenders comunicó que 1,306 personas seguían encarceladas por motivos políticos en el territorio cubano al finalizar junio de 2026. Este dato constituye la cifra más alta documentada por la entidad desde que inició el registro de estos sucesos. En su reporte mensual, la organización también indicó que 40 de estos reclusos fueron aprehendidos siendo menores de edad, el mayor volumen consignado hasta ahora. De este grupo, 16 continúan confinados en centros penitenciarios para adultos.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, aseveró que estos números evidencian un nuevo pico en la opresión ejercida en la isla, justo antes del aniversario de las movilizaciones del 11J, las cuales son consideradas las manifestaciones más grandes vistas en Cuba desde 1959.
Reportan 32 nuevos casos en junio
De acuerdo con el informe, durante el mes de junio se confirmaron 32 nuevos prisioneros políticos, mientras que otros 21 expedientes siguen bajo investigación. La organización sostiene que los arrestos ya no se enfocan únicamente en manifestantes o activistas políticos, sino que también afectan a periodistas, creadores de contenido, artistas, líderes religiosos, médicos y jóvenes, con el propósito —según afirman— de prevenir futuras movilizaciones ciudadanas.
Denuncian detenciones tras protestas por apagones
Entre los casos documentados se encuentra el del rapero y activista Andrés Matos Alcántara, conocido como “MC K-LIBRE”, quien fue arrestado el 25 de junio tras presentarse a una citación policial, luego de las protestas ocurridas en el reparto Barbosa, en La Habana, debido a los cortes de energía y la crisis económica. Prisoners Defenders asegura que las autoridades lo acusan de liderar las manifestaciones, una versión que su familia desmiente. La organización también denunció que por varios días se desconoció su paradero y que posteriormente fue trasladado a la prisión de Valle Grande a pesar de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.
El informe también incluye la detención de los hermanos Yoan Arévalo Álvarez y Yosban Arévalo Álvarez, aprehendidos durante las mismas protestas. Según la organización, ambos habrían sido agredidos durante su captura y uno de ellos sufrió fracturas y otras lesiones sin recibir atención médica. Asimismo, Prisoners Defenders denunció una operación policial llevada a cabo el 22 de junio en los barrios La Cuba y Maffo, en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, donde fueron detenidos 10 jóvenes, incluyendo seis menores de entre 15 y 17 años.
Denuncian deterioro de la salud de los presos
El reporte indica que 458 prisioneros políticos sufren de enfermedades graves o crónicas, mientras que 53 presentan trastornos de salud mental severos previos a su encarcelamiento. La organización sostiene que la falta de asistencia médica constituye un mecanismo de presión dentro del sistema penitenciario cubano y expone, entre otros casos, los de Carlos Alberto MacDonald Ennis, Juan Enrique Pérez Sánchez y Rolando Yusef Pérez Morera, quienes, según denuncia, muestran un grave deterioro de salud.
Hostigamiento previo al aniversario del 11J
Prisoners Defenders también denunció que, en los días previos al aniversario del 11J, activistas y opositores fueron objeto de vigilancia, detenciones temporales y restricciones de movilidad para impedir su participación en actividades públicas. Entre los casos mencionados se encuentran los de José Elías González Agüero, Alexander Díaz Rodríguez, los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, la activista Anna Sofía Benítez Silvente (“Anna Bensi”) y el pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo.
Cuestiona la falta de presión internacional
En su informe, Prisoners Defenders también atribuyó el aumento de la represión a la ausencia de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. La organización señaló a España, con una referencia explícita al Gobierno de Pedro Sánchez, así como a la Comisión Europea y Canadá, por considerar que no han mantenido una defensa pública y constante de las personas que identifica como víctimas de la represión en Cuba. De acuerdo con sus registros, entre julio de 2025 y junio de 2026 se incorporaron 264 nuevos prisioneros políticos, lo que promedia 22 casos mensuales. Además, afirmó que 193 de las 194 Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas corresponden a situaciones ocurridas en Cuba.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones sobre las acusaciones incluidas en el informe de Prisoners Defenders.
