La Comisión Europea ha señalado que España persiste con importantes desafíos en materia de Estado de derecho, especialmente en la prevención de conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción de altos cargos. A pesar de algunas iniciativas gubernamentales, el informe anual de la UE destaca la lentitud en la resolución de casos judiciales y la falta de avances suficientes en reformas clave, instando a una mayor independencia judicial y transparencia.
La Comisión Europea comunicó este viernes que España mantiene considerables obstáculos en relación con el Estado de derecho, particularmente en el combate a la corrupción de figuras públicas y la prevención de conflictos de intereses, según su reporte anual sobre la situación del Estado de derecho en los países de la Unión Europea. El documento enfatiza que, aunque el Ejecutivo español ha promovido acciones para fortalecer la administración de justicia, persisten demoras excesivas en la tramitación de los expedientes judiciales, especialmente aquellos vinculados a grandes casos de corrupción. Bruselas considera fundamental reducir estos plazos para asegurar una justicia efectiva. El informe se presenta en un contexto marcado por investigaciones y procesos judiciales que involucran a personalidades políticas de alto nivel, entre ellos José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de otros casos que siguen bajo investigación.
Uno de los aspectos más críticos del informe es la gestión de los conflictos de intereses. La Comisión Europea opina que los progresos en este ámbito han sido “limitados” y advierte que, a pesar de que España ha propuesto iniciativas legislativas como la Ley de Integridad Pública, su implementación práctica sigue siendo insuficiente. Bruselas urge al Gobierno de Pedro Sánchez a reforzar la autonomía del organismo encargado de supervisar estas normativas y a dotarlo de facultades sancionadoras para identificar y castigar posibles irregularidades patrimoniales de los altos cargos.
El informe también vuelve a centrarse en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque reconoce que el Gobierno ha solicitado orientación a entidades internacionales, como la Comisión de Venecia, para modificar el sistema de selección de los jueces, resalta que todavía no existe el consenso político indispensable para llevar a cabo una reforma que se alinee con los estándares europeos. Para la Comisión Europea, es imperativo aprobar un modelo que garantice la plena independencia del órgano de gobierno de los jueces y reduzca cualquier percepción de politización.
En lo que respecta a la Fiscalía General, Bruselas reconoce un “avance notable” tras el debate parlamentario sobre una reforma que desvincule el periodo del fiscal general del Estado de la duración de la legislatura. No obstante, recuerda que la iniciativa aún no ha sido aprobada y solicita acelerar su tramitación para fortalecer la autonomía de la institución.
La regulación de los grupos de interés sigue siendo otra de las tareas pendientes para España. El informe recuerda que aún no se ha aprobado la ley que establecería un registro público y obligatorio de los lobbies, una herramienta que la Comisión considera crucial para reforzar la transparencia en la elaboración de las leyes. En contraste, Bruselas valora positivamente los progresos en materia de transparencia y acceso a la información pública. El Ejecutivo comunitario destaca como un “avance significativo” la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y alienta a culminar este proceso junto con la futura Ley de Administración Abierta, con el propósito de facilitar el acceso de ciudadanos y medios de comunicación a la documentación oficial.
En términos generales, la Comisión Europea presenta un balance favorable sobre la evolución del Estado de derecho en la Unión Europea. Entre los progresos más relevantes destaca la entrada en vigor, en mayo de 2026, de la nueva Directiva contra la Corrupción, que obliga a los Estados miembros a intensificar la persecución del soborno, la malversación y otros delitos relacionados con la corrupción. No obstante, Bruselas advierte que la efectividad de estas normativas dependerá de que las investigaciones concluyan con resoluciones judiciales firmes, especialmente cuando involucren a personas con poder político o económico. “El Estado de derecho genera confianza. Confianza entre los ciudadanos y confianza en las empresas. Es lo que hace de Europa el mejor y más seguro lugar para vivir e invertir”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien subrayó que el informe se ha convertido en una referencia para impulsar reformas en los Estados miembros.
Asimismo, la Comisión destaca la aplicación de la Ley Europea de Libertad de Medios, destinada a reforzar la independencia de los medios públicos y proteger a los periodistas frente a las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), utilizadas para intimidar o silenciar investigaciones periodísticas. Como novedad, el informe incorpora un mecanismo que vincula el cumplimiento de las recomendaciones sobre Estado de derecho con el acceso a futuros fondos europeos. De esta manera, Bruselas plantea que el respeto a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales sean también condiciones para acceder a financiación comunitaria. “Reafirmamos una verdad fundamental: el Estado de derecho es la base de una Europa justa, democrática y próspera”, concluyó el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath.
