Más de tres semanas después de los sismos gemelos que sacudieron Venezuela, el número de víctimas mortales ha escalado a 5.069, con un incremento de 139 decesos. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, y cerca de 18.000 personas han perdido sus hogares. Las autoridades han brindado asistencia a miles de familias damnificadas, mientras el país se enfoca en la reconstrucción y en la gestión de las continuas réplicas.
Caracas (EFE) .- El recuento de decesos a raíz del doble sismo que impactó Venezuela el 24 de junio ha alcanzado los 5.069, tras la adición de 139 nuevas muertes, según lo informado este viernes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Él también indicó que la cantidad de lesionados permanece en 16.740. El número de ciudadanos que han perdido su hogar se mantiene en 17.907, según el balance divulgado en la cuenta de Telegram del hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Las autoridades, conforme al informe de Rodríguez, han proporcionado apoyo a 128.324 grupos familiares damnificados por los temblores de magnitud 7,2 y 7,5, al mismo tiempo que 21.235 individuos se encuentran en 107 refugios temporales. Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado 1.331 movimientos telúricos posteriores. El más notable ocurrió la mañana del 10 de julio, cuando se percibió un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la región más afectada por el doble movimiento sísmico. La sacudida de hace una semana generó alarma entre la población y la evacuación preventiva de inmuebles.
El Gobierno informó el fin de semana anterior sobre el inicio de un registro biométrico para determinar la cantidad exacta de viviendas requeridas, aunque se estima que podrían ser 25.000. El martes, el órgano legislativo venezolano aprobó una propuesta de enmienda legal para acelerar la edificación de hogares en el país, como consecuencia de los terremotos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria –la cual deberá pasar por un segundo debate para su ratificación definitiva– busca asegurar mejores condiciones con certidumbre legal y capacidad de financiación para que el sector privado inicie un «proceso intensivo» de construcción de viviendas.
