El Gobierno venezolano ha notificado a la ONU su intención de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que rige la Corte Penal Internacional. Esta decisión se toma en medio de una investigación abierta por la CPI sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en el país. Sin embargo, expertos en derecho internacional aseguran que esta acción no afectará las pesquisas ya en curso ni las posibles órdenes de captura futuras.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plascencia, comunicó este viernes que informó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la determinación del Gobierno venezolano de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar el procedimiento de salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida surge en el contexto de una investigación que la CPI mantiene activa sobre la presunta comisión de crímenes contra la humanidad por parte de autoridades venezolanas, un proceso inicialmente impulsado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
No obstante, especialistas en derecho internacional sostienen que la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma no detendrá las indagaciones ya iniciadas ni invalidará eventuales órdenes de arresto que la Corte pudiera emitir. El abogado Alí Daniels, portavoz de la entidad Acceso a la Justicia, explicó que las investigaciones en progreso no se ven afectadas por la denuncia del acuerdo. “Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, aseveró. Daniels trajo a colación el ejemplo del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien también retiró a su nación del Estatuto de Roma, pero posteriormente fue enjuiciado por la Corte Penal Internacional por presuntos delitos cometidos durante su campaña contra las drogas.
El jurista detalló que, una vez presentada formalmente la notificación ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que el retiro tenga efecto legal. Durante ese lapso, Venezuela sigue obligada a colaborar con las investigaciones que ya están en marcha. En la misma línea, Martha Tineo, representante de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, afirmó que la decisión del Gobierno venezolano no tiene consecuencias prácticas sobre el expediente que actualmente examina la CPI y consideró que la acción representa un retroceso en materia de derechos humanos. Tineo recordó además que Venezuela fue uno de los países que participó en la redacción del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional.
La determinación del Gobierno venezolano también se produce pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticara públicamente a la CPI y anunciara que Washington impulsaría acciones para debilitar al organismo, al considerar que intenta procesar a funcionarios y militares estadounidenses. Sobre esa coincidencia, Daniels señaló que resulta llamativo que el anuncio de Caracas ocurra pocos días después de esas declaraciones.
