La Fiscalía boliviana ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de terrorismo y levantamiento armado. La medida se relaciona con su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio, los cuales buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta acción legal también implica a otros líderes sindicales y campesinos.
La Paz (EFE).- La Fiscalía de Bolivia ha instruido este miércoles la aprehensión del exmandatario Evo Morales (2006-2019), quien enfrenta cargos por terrorismo, insurrección armada contra la seguridad y soberanía del Estado, y otras infracciones. Estas acusaciones se derivan de su supuesta conexión con las manifestaciones y bloqueos viales registrados entre mayo y junio, los cuales tenían como fin exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
La orden, emitida por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una fuente cercana al antiguo jefe de Estado, también imputa a Morales los presuntos delitos de agresión a la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, incitación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, agricultores de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron cierres de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el apoyo de grupos allegados a Morales, para demandar la renuncia del presidente Paz como su “única exigencia”.
Los bloqueos causaron escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, resultando en al menos 16 fallecimientos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y provocaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
La acusación fue interpuesta a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se adhirió el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La acción judicial también alcanza al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada a estos mismos hechos.
El expresidente Morales niega haber promovido la dimisión de Paz y afirma que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” frente a los conflictos: “militarizar” el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días.
Luego de alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para remover los obstáculos y restaurar la circulación.
Morales se encuentra desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, protegido por cientos de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de arresto en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
