Un tribunal de apelaciones estadounidense ha rechazado la solicitud de inmunidad de Meta, Google y TikTok, entre otros, en relación con una ley de 1996. Esta decisión permite que avancen más de 3.000 demandas que acusan a estas plataformas de diseñar productos que generan adicción en menores, marcando un revés significativo para las grandes tecnológicas.
En Los Ángeles, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha denegado la petición de Meta, Google, TikTok y otras plataformas de redes sociales, quienes invocaban una ley de 1996 para obtener inmunidad. Esta resolución implica que más de 3.000 querellas en su contra, por la creación de productos que indujeron adicción en niños y jóvenes, no serán desestimadas.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, California, rechazó el pasado lunes el recurso interpuesto por las empresas matrices de redes sociales. Estas buscaban anular un dictamen previo de un juez federal en Los Ángeles, que había permitido el avance de miles de acciones legales contra las compañías tecnológicas, incluyendo aquellas presentadas por varios estados.
En su impugnación, Google (parte de Alphabet), Meta (compañía matriz de Facebook e Instagram), Snap (propietaria de Snapchat) y TikTok (de ByteDance) argumentaron que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones les otorgaba protección contra ser demandadas por no advertir a la población sobre el potencial adictivo de las redes sociales.
La querella sostiene que Meta, entre otras acusaciones, ideó e implementó características perjudiciales en sus plataformas que provocan dependencia en niños y adolescentes, causándoles graves perjuicios físicos y mentales. Al mismo tiempo, se alega que engañó al público acerca de la existencia y la seriedad de estos peligros.
Este veredicto representa un nuevo contratiempo para Meta. La semana anterior, un juzgado del distrito de Santa Fe, en Nuevo México, había condenado al gigante tecnológico a desembolsar 567 millones de dólares. Este monto está destinado a un fondo de reparación para la salud mental de jóvenes, el cual debe ser establecido, ya que se considera que su modo de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.
