El tribunal que sentenció a la exmandataria argentina Cristina Fernández en el caso de corrupción 'Vialidad' ha ordenado el embargo preventivo de sus propiedades. Esta medida busca asegurar el decomiso de bienes, una parte fundamental de la condena impuesta. Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en concesiones de obras públicas.
La instancia judicial que dictaminó la condena contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en relación con el caso de corrupción conocido como ‘Vialidad’, por el cual ella cumple arresto domiciliario desde junio de 2025, ha dispuesto la retención preventiva de sus activos. Este decomiso de bienes es un componente clave de la pena impuesta.
Fernández fue sentenciada a un período de seis años de reclusión y a una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, debido a anomalías detectadas en la adjudicación de contratos para obras viales durante su mandato y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2002-2007).
La resolución judicial, que incluye la confiscación de propiedades valoradas en aproximadamente 685.000 millones de pesos (equivalentes a unos 450,6 millones de dólares), establece que todos los nueve individuos condenados en el proceso, incluida la expresidenta, deben responder por dicho monto.
El Tribunal Oral Federal N°2 consideró este miércoles, según una resolución a la que tuvo acceso EFE, que “es pertinente tomar las precauciones necesarias para salvaguardar los activos identificados” y así garantizar la efectividad de su decomiso.
Entre los inmuebles afectados por esta determinación se encuentra el apartamento donde Fernández cumple su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Esta propiedad pertenece a Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner-Fernández.
El Tribunal aclaró que la emisión de estas órdenes de embargo no implica la confiscación o la venta inmediata de los activos, ni modifica por ahora su titularidad. Su objetivo es, en cambio, asegurar su «indisponibilidad legal» mientras se completa el procedimiento de decomiso.
El caso ‘Vialidad’ llegó a la fase de juicio oral en 2019 y culminó en diciembre de 2022 con la condena de la entonces vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta sentencia fue ratificada en junio de 2025 por la Corte Suprema de Argentina.
