Una alianza de ocho organizaciones educativas y gremiales ha presentado una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump. El objetivo es impedir la aplicación de una normativa que endurece las condiciones de permanencia para estudiantes, participantes de intercambio cultural y periodistas extranjeros en Estados Unidos, argumentando un exceso de autoridad y fallos en el proceso administrativo.
En Los Ángeles, una coalición compuesta por ocho agrupaciones de educadores y sindicatos ha interpuesto una acción legal contra la Administración del entonces presidente Donald Trump. Buscan impedir la puesta en marcha de una regulación que incrementa las exigencias para los permisos de entrada de alumnos internacionales, participantes en programas de intercambio cultural y corresponsales.
La reclamación legal ha solicitado a un juzgado federal en Massachusetts que detenga la implementación de la regla que reduce el tiempo de estancia autorizada para extranjeros que ingresan al país con los visados F (para estudiantes universitarios), J (para estudiantes de intercambio) e I (para representantes de medios de comunicación de otras naciones).
La normativa, que estaba programada para entrar en vigor el próximo mes, establece que los poseedores de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión. Por su parte, los periodistas con visado I estarán limitados a un máximo de 240 días, con la posibilidad de solicitar extensiones; no obstante, los periodistas con pasaporte chino enfrentarán un límite máximo de 90 días.
Los demandantes argumentan extralimitación de autoridad legal
La demanda sostiene que la norma definitiva transgrede la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «no evaluó apropiadamente» sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a las observaciones del público y no consideró opciones menos onerosas, entre otras omisiones, según indicó la coalición en un comunicado.
Los demandantes también aseveran que el DHS excedió sus atribuciones legales y no ofreció un periodo de consulta pública adecuado.
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), que lidera la demanda, afirmó en un comunicado que la norma «perjudicará gravemente» las aportaciones que los estudiantes internacionales realizan a las universidades, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que es indispensable detener su aplicación.
