El Gobierno de Donald Trump ha intensificado las limitaciones para la obtención de visados y el acceso a Estados Unidos, implementando nuevas prohibiciones de viaje, la suspensión de visados de inmigrante y requisitos económicos más estrictos. Estas medidas se producen en un contexto de cifras récord de deportaciones, generando numerosas acciones legales por parte de diversas organizaciones en el país.
El Gobierno de Donald Trump ha endurecido en los últimos días las normativas para la obtención de visados y la entrada a Estados Unidos, mediante nuevas prohibiciones de viaje, la interrupción de visas de inmigrante, mayores exigencias económicas y la anulación masiva de permisos, en medio de un número sin precedentes de deportaciones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó en julio el mayor número mensual de detenciones durante el segundo mandato de Trump, alcanzando los 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.
Además, las políticas migratorias de Trump han provocado cientos de litigios sin precedentes por parte de diversas entidades a lo largo del país, lideradas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), las cuales su Administración ha contrarrestado, algunas con éxito. El rechazo de Trump hacia la inmigración irregular ha sido una constante en su trayectoria, con declaraciones xenófobas que han generado gran polémica, como la que emitió en 2015, cuando anunció su candidatura a la presidencia y afirmó que México enviaba a Estados Unidos delincuentes, drogas y violadores.
Al iniciar su mandato en la Casa Blanca en 2017, firmó de inmediato decretos ejecutivos que impedían el ingreso al país durante 90 días a ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana y suspendió de manera indefinida el programa de admisión de refugiados sirios. También autorizó la construcción de una barrera fronteriza, como había prometido, con el fin de contener la inmigración desde el sur, asunto que fue muy relevante durante su primer período.
Choque judicial
En este segundo cuatrienio, ha acentuado estas acciones, con una estrategia liderada por “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos” y decisiones polémicas como la interrupción temporal de las citas para solicitar visados de inmigrante a nivel global, argumentando la necesidad de capacitar a su personal consular en nuevos protocolos. El anuncio del miércoles por parte del Departamento de Estado, sobre la suspensión temporal de las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, se produjo después de que una jueza federal de Nueva York invalidara el 21 de agosto la interrupción de la tramitación de estos visados para ciudadanos de 75 países, al considerarla “contraria a la ley” y exceder la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
Poco después del comunicado del miércoles, familias inmigrantes y grupos de defensa legal acudieron al mismo tribunal federal de Nueva York con una solicitud para obligar a Rubio a acatar la resolución de la jueza. Según la moción, “el Gobierno ha implementado numerosas acciones que parecen prolongar la interrupción de la tramitación de visas de inmigrante” en lugar de cumplir con la orden, y los demandantes aseguran al tribunal que la medida “genera serias inquietudes de que el Gobierno no esté observando la orden y esté tomando acciones para eludirla bajo el pretexto de una justificación falsa”.
