La defensa del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, ha solicitado a un tribunal estadounidense la desestimación de los cargos penales en su contra. Los abogados argumentan que Maduro goza de inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado y que las acusaciones se refieren a actos oficiales. Además, buscan anular la acusación de narcoterrorismo, señalando fallas jurisdiccionales y de formulación legal.
Desde Nueva York, la representación legal de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, ha solicitado que se archive el proceso judicial en su contra en Estados Unidos, fundamentando su petición en el principio de inmunidad soberana, según se desprende de los registros judiciales electrónicos.
El letrado de Maduro, Barry Pollack, presentó dos peticiones ante la corte: una para anular la totalidad de la acusación basándose en la inmunidad de Estado, y otra, como alternativa, para descartar únicamente el cargo de conspiración por narcoterrorismo.
Maduro enfrenta imputaciones por asociación ilícita para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento automático. Su detención tuvo lugar en Caracas el 3 de enero, y actualmente se encuentra recluido en una prisión de Nueva York, donde se gestiona su proceso.
En la primera solicitud, la defensa argumentó que un tribunal de Estados Unidos carece de facultad para juzgar a Maduro, dado que él fungió como «jefe de Estado de facto» y las acciones que fundamentan las imputaciones «corresponden a responsabilidades oficiales» y a las «atribuciones del Estado».
«El Tribunal no tendría competencia sobre el señor Maduro si este tuviera derecho ya sea a la inmunidad soberana basada en su posición como jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Él posee derecho a ambas», expresó en el documento.
Adicionalmente, se pidió el cierre definitivo del caso «con perjuicio», lo que en la práctica imposibilita la presentación futura de la misma acusación.
En la segunda moción, el abogado instó a retirar el cargo relacionado con narcoterrorismo, aduciendo que el tribunal tampoco posee jurisdicción y que el cargo no está formulado correctamente de acuerdo con la legislación estadounidense.
El cargo «pretende acusar a un ciudadano extranjero» por una «conducta enteramente extranjera sin establecer adecuadamente el elemento jurisdiccional»; no demuestra su «intención de perjudicar a Estados Unidos, a sus ciudadanos o a sus intereses», y «no se encuentra dentro de la autoridad reguladora del Congreso», escribió Pollack.
