El gobierno de Estados Unidos ha implementado nuevas sanciones dirigidas a Cuba, incluyendo a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del exlíder Raúl Castro, y a cinco empresas estatales clave. Estas medidas, impulsadas por el Departamento del Tesoro, buscan impactar sectores financieros, energéticos y de recursos naturales de la isla, restringiendo sus operaciones en el sistema financiero estadounidense.
Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, impuso este jueves restricciones significativas al gobierno cubano. En su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) fue incluido Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del exmandatario cubano Raúl Castro.
La acción también abarcó a cinco organizaciones estatales vinculadas a las finanzas, la energía y la explotación de recursos naturales de la nación caribeña. “Entre los señalados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que aprovechan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, al explicar la relevancia política de esta determinación.
Castro Calis, nacido el 16 de mayo de 1995, es hijo de Alejandro Castro Espín, quien a su vez es vástago de Raúl Castro y una figura ligada a los organismos de inteligencia cubanos, previamente objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. En los registros de la OFAC, Fidel Ernesto figura con una conexión explícita a su progenitor.
En términos generales, las personas y compañías designadas quedan sujetas a limitaciones sobre sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense, y cualquier bien que se encuentre bajo la jurisdicción de Estados Unidos es bloqueado. La medida también complica que empresas o instituciones con vínculos en Estados Unidos mantengan relaciones comerciales con los sancionados.
Junto con Castro Calis, Washington añadió a la lista al Banco Exterior de Cuba (BEC), una institución financiera estatal con sede en La Habana. Su inclusión apunta al circuito a través del cual la dictadura cubana lleva a cabo operaciones relacionadas con el comercio exterior y las transacciones internacionales.
