Un tribunal de Nueva York ha ordenado el embargo de bienes muebles pertenecientes a la Junta Central Electoral (JCE) en Manhattan, como parte de la ejecución de una sentencia federal. La JCE debe pagar a Latin Events, LLC una suma cercana al millón de dólares por una deuda pendiente. Los activos embargados serán subastados públicamente si la JCE no liquida el monto antes del 1 de octubre de 2026.
Un oficial de justicia de Nueva York ha emitido una notificación de embargo y venta de propiedades muebles de la Junta Central Electoral (JCE). Esta acción es parte de la ejecución de un dictamen judicial federal que exige a la entidad el pago de 838,337.50 dólares a la empresa Latin Events, LLC.
El veredicto fue emitido el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), correspondiente al caso número 1:25-cv-02830-PKC, y se inscribió en la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026. Según la documentación del proceso, la obligación financiera sigue sin ser cubierta y, tras añadir intereses, recargos y costos, la cantidad reclamada actualmente asciende a 982,261.88 dólares. Este monto continúa incrementándose debido a los intereses que se calculan diariamente.
Entre los activos sujetos al embargo se incluyen equipos de oficina, computadoras, impresoras, dispositivos electrónicos, mobiliario, televisores, obras de arte y otros objetos situados en las instalaciones de la JCE en Manhattan. El aviso especifica que dichos bienes serán ofrecidos en una subasta pública el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, a menos que la Junta Central Electoral liquide la totalidad de la deuda al menos 72 horas antes de la fecha establecida.
Esta medida forma parte de las acciones emprendidas por Latin Events, LLC para ejecutar la resolución judicial y asegurar el cobro de la obligación, un procedimiento que también se lleva a cabo en República Dominicana. En el país caribeño, la decisión judicial estadounidense fue validada por los tribunales dominicanos mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, fallo que posteriormente fue apelado por la JCE.
Adicionalmente, se mantiene vigente un embargo preventivo sobre los fondos de la Junta Central Electoral depositados en el Banco de Reservas, como parte de las gestiones para lograr el cumplimiento de la sentencia. El representante legal de Latin Events, LLC en República Dominicana, Julio Cury, afirmó que su cliente agotó todos los esfuerzos para conseguir que la JCE realizara el pago de forma voluntaria antes de recurrir a las acciones de ejecución.
“Hemos explorado todas las vías posibles para conseguir un pago voluntario. La JCE ha optado por ignorar una sentencia firme y ejecutable, lo que ha obligado a nuestro cliente a proceder con las medidas coercitivas tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana”, declaró Cury.
Con el proceso de ejecución iniciado en Nueva York, los bienes de la oficina de la JCE en Manhattan podrían ser vendidos en una subasta pública para cubrir una deuda que, conforme a los documentos del caso, se acerca al millón de dólares.
