Alex Saab, un colaborador cercano de Nicolás Maduro, tiene previsto declararse culpable en un proceso federal en Miami. El empresario enfrenta acusaciones de sobornar a funcionarios venezolanos para asegurar contratos de importación de alimentos en un periodo de escasez. Este desarrollo marca un giro significativo en el caso que ha sido objeto de atención internacional y de tensiones diplomáticas.
Alex Saab, un estrecho colaborador del presidente venezolano Nicolás Maduro, planea admitir su culpabilidad en un proceso federal que lo incrimina por sobornar a funcionarios. El objetivo era obtener convenios lucrativos para la importación de alimentos durante un período de gran escasez en la nación sudamericana.
Saab comparecerá ante la jueza Kathleen Williams en Miami para una audiencia destinada a modificar su declaración, conforme a los registros judiciales. Los pormenores del acuerdo de culpabilidad no han sido revelados públicamente, y el abogado de Saab, Neil Schuster, optó por no emitir comentarios.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, extraditó a Saab debido a la presión ejercida por Estados Unidos. Este último país ha investigado al empresario, nacido en Colombia, por más de una década. Se le imputó un solo cargo de blanqueo de capitales, relacionado con una supuesta conspiración para establecer empresas fantasma, falsificar registros de envío y apropiarse de una porción del dinero de contratos gubernamentales para traer alimentos de Colombia y México.
Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante la primera administración Trump en 2019. Posteriormente fue detenido en Cabo Verde durante una escala para repostar combustible, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria hacia Irán. Sin embargo, el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
Este pacto, parte de un intento fallido de la Casa Blanca de Biden para persuadir a Maduro de realizar elecciones justas, fue duramente criticado por republicanos y por autoridades policiales. Estos últimos comenzaron inmediatamente a investigar a Saab por otros supuestos delitos que no estaban cubiertos por el indulto.
