Una coalición de ciudades, encabezada por Nueva York, ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump. El objetivo es bloquear una nueva política que busca impedir la obtención de tarjetas de residencia permanente a inmigrantes que han recibido asistencia pública. Esta medida, programada para entrar en vigor este viernes, ha generado preocupación por su impacto en el acceso a servicios esenciales.
La ciudad de Nueva York, bajo el liderazgo del alcalde Zohran Mamdani, ha iniciado un proceso legal contra la iniciativa del gobierno de Donald Trump que pretende impedir la entrega de tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos. Nueva York encabeza una alianza que se opone a esta nueva directriz migratoria de la administración Trump, a la cual se han unido también Chicago, San Francisco y Seattle, además de los condados de Santa Clara en California y King en Washington, y la organización Public Rights Project.
La acción legal, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, busca detener la modificación de la regla de carga pública, cuya implementación está prevista para este viernes. “No deseamos una orden judicial temporal, buscamos la suspensión definitiva de la aplicación de esta norma”, afirmó Mamdani en una conferencia de prensa en el ayuntamiento, acompañado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien encabeza otra demanda contra la misma regulación.
Esta nueva disposición, que representa un cambio respecto a las pautas establecidas por el expresidente Joe Biden, otorgará a los oficiales de inmigración una mayor autoridad para rechazar permisos de residencia permanente a inmigrantes si consideran que existe una alta probabilidad de que dependan principalmente de la asistencia económica gubernamental en el futuro. “Que no quede duda: esto constituye un intento descarado de privar a los neoyorquinos de los servicios de los que dependen y de las prestaciones públicas a las que tienen derecho”, declaró el alcalde.
El edil advirtió que algunas familias “ya han empezado a renunciar a servicios fundamentales” por temor a que en el futuro esto pueda usarse para negarles su permiso en el país: “Se calcula que hasta 4 millones de personas en todo el país podrían darse de baja únicamente de su seguro médico, incluyendo 1.8 millones de niños”.
