La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha emitido una advertencia: el sistema de represión estatal sigue activo, a pesar de algunas mejoras como la liberación de prisioneros políticos y la disminución de ciertas formas de opresión. El informe destaca la ausencia de reformas institucionales que garanticen la permanencia de estos avances, manteniendo la preocupación por la reversibilidad de cualquier apertura.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela comunicó este miércoles que el mecanismo opresor del Estado venezolano se mantiene “intacto”, a pesar de una disminución en algunas de las manifestaciones más severas de represión tras la detención del entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. En su reciente informe sobre la condición de los derechos humanos en Venezuela durante 2026, la misión reconoce ciertos cambios, incluyendo una reducción de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, así como la liberación de cientos de individuos encarcelados por razones políticas. Sin embargo, los especialistas argumentan que estos progresos no han venido acompañados de modificaciones institucionales que aseguren la durabilidad de las mejoras.
“La disminución de algunas de las prácticas represivas más severas es significativa, pero de ninguna manera representa una transformación del sistema que las hizo posibles”, declaró la presidenta de la misión, Sofía Macher, durante la presentación del documento.
Persisten estructuras represivas
De acuerdo con la misión, las normativas empleadas para castigar la disidencia continúan en vigor, mientras que los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan estructuras que, según el reporte, han sido asociadas con violaciones a los derechos humanos. Los expertos también apuntaron que no se han tomado medidas para desmantelar los denominados “colectivos”, agrupaciones civiles armadas a las que la misión atribuye un rol dentro del esquema represivo. La misión señaló además que los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos para llevar a cabo sus labores y que al menos 19 funcionarios identificados en informes anteriores como responsables de graves transgresiones de derechos humanos conservan cargos considerados relevantes. Al mismo tiempo, los expertos observaron un mayor espacio para las protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones civiles.
La misión documenta nuevos casos de tortura
El informe también registra nuevos incidentes de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. Según la misión, desde el 3 de enero se recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura. Entre los métodos denunciados se incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en áreas subterráneas de la prisión de máxima seguridad El Rodeo I. En la instalación militar de Fuerte Guaicaipuro, los expertos reportaron el encierro de individuos en celdas parecidas a fosas subterráneas, además de la privación de alimentos, exposición a bajas temperaturas y otras condiciones que calificaron de denigrantes. La misión indicó que, aunque el número de prisioneros políticos ha bajado tras las excarcelaciones, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 300 y 500 personas siguen detenidas por razones políticas. Adicionalmente, identificó una pauta de detenciones de corta duración utilizada, según sus hallazgos, para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores.
Advierten que los cambios pueden ser reversibles
Macher sostuvo que cualquier apertura seguirá siendo vulnerable mientras no se produzcan transformaciones estructurales en el sistema de seguridad y justicia. “Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione apropiadamente a los responsables de vulneraciones de derechos humanos, cualquier apertura continuará siendo frágil y susceptible de revertirse”, afirmó. El miembro de la misión Alex Neve instó a Estados Unidos y a otros actores con influencia sobre Venezuela a intensificar sus esfuerzos para fomentar cambios en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, solicitó que las acciones internacionales no propicien nuevas violaciones ni faciliten la comisión de crímenes internacionales.
ONU señala a los “colectivos”
La misión también presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe específico sobre los llamados “colectivos”, en el que sostiene que estos grupos no son organizaciones marginales, sino que constituyen una parte del aparato represivo estatal. Según ese documento, su proliferación durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro obedeció a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo al proyecto político mediante mecanismos de violencia y coacción. El informe también destaca conexiones entre estos grupos y organismos estatales, incluyendo la incorporación de algunos de sus miembros a la Policía Nacional Bolivariana, así como la participación de integrantes activos o retirados de las fuerzas armadas y de seguridad en esos colectivos.
