Un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán ha revelado "motivos razonables" para creer que Estados Unidos pudo haber cometido crímenes de guerra al inicio del conflicto contra territorio iraní, particularmente en dos ataques específicos. Asimismo, el documento acusa a las autoridades iraníes de posibles crímenes de lesa humanidad debido a la brutal represión de las protestas antigubernamentales a finales de 2025 y principios de 2026. Este informe es el primero presentado por la misión desde el comienzo de la guerra.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán ha afirmado que existen "razones suficientes" para considerar que Estados Unidos cometió potenciales crímenes de guerra en dos incursiones aéreas efectuadas al inicio de la confrontación bélica en suelo iraní. En un documento que será entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión identifica específicamente los bombardeos del 28 de febrero dirigidos contra una escuela en Minab y una zona residencial en Lamerd, ubicadas en el sur de Irán. Este documento representa el primer informe de la misión desde el inicio del conflicto. El informe también atribuye a las autoridades iraníes la responsabilidad de posibles crímenes contra la humanidad por la supresión de las manifestaciones antigubernamentales registradas a finales de 2025 y principios de 2026.
Según la misión, el ataque perpetrado contra la escuela de Minab resultó en la muerte de más de 150 individuos, incluyendo aproximadamente 120 menores. Los investigadores llegaron a la conclusión de que las fuerzas estadounidenses habrían cometido el crimen de guerra de lanzar una ofensiva indiscriminada que provocó la muerte y heridas a civiles, además de daños a propiedades de carácter civil. La misión sostuvo, además, que las fuerzas estadounidenses actuaron de forma intencionada y eran conscientes de la existencia de un riesgo considerable de impactar objetivos civiles, lo que calificaron como una acción con "negligencia temeraria".
La investigación también analizó un bombardeo dirigido a un área poblada de Lamerd, donde fueron afectados un complejo deportivo, una escuela primaria y edificios residenciales. El ataque dejó un saldo de al menos 22 personas fallecidas, según lo estipulado en el informe. En este suceso se empleó un misil PrSM que diseminó alrededor de 180.000 fragmentos de tungsteno sobre una extensa área. La misión determinó que, dadas las circunstancias del ataque, el armamento no podía ser dirigido contra un objetivo militar específico ni limitar sus efectos sobre la población civil, conforme a lo exigido por el derecho internacional humanitario.
El informe también destaca graves transgresiones a los derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes durante las protestas de finales de 2025 y principios de 2026. La misión considera que algunas de estas acciones podrían constituir crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas y otros actos inhumanos perpetrados contra la población civil. Según el documento, las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron fuerza letal contra manifestantes y transeúntes, incluidos niños. La represión, de acuerdo con los investigadores, representó un incremento en comparación con campañas represivas anteriores, con un uso generalizado de la fuerza que ocasionó numerosas muertes, lesiones y detenciones. La misión señala que al menos 221 niños perdieron la vida durante la represión. También documentó denuncias sobre el empleo de armas y municiones fuera de los parámetros establecidos, así como detenciones arbitrarias y acoso dentro de los hospitales contra pacientes, personal sanitario y familiares. Las autoridades iraníes, asimismo, habrían dificultado el acceso de manifestantes heridos a servicios médicos, incluso en situaciones que demandaban atención urgente.
Las cifras de víctimas mortales de la represión varían según las distintas fuentes. El Gobierno iraní comunicó 3.117 decesos durante los días 8 y 9 de enero, mientras que la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, cifró el número por encima de los 7.000 fallecidos. La misión de la ONU no estableció una cifra definitiva de víctimas para todo el periodo de protestas, pero documentó los abusos y señaló que la represión estuvo acompañada de una intensificación en el uso de la pena de muerte contra los manifestantes. Entre marzo y agosto, al menos 29 hombres fueron ejecutados después de ser sentenciados por su participación en las protestas, mientras que otras 70 personas permanecían en riesgo de ejecución, según el informe.
La misión concluyó que la ciudadanía iraní se encuentra expuesta tanto a las violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades iraníes, como a los efectos del conflicto militar con Estados Unidos e Israel. Ante esta coyuntura, los investigadores exhortaron a los gobiernos de Irán y Estados Unidos a cesar las transgresiones, ofrecer garantías de no repetición y proporcionar reparaciones a las víctimas y a los estados afectados. El informe será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde los expertos expondrán sus conclusiones sobre los abusos cometidos durante el conflicto y las protestas.
