Una investigación del Ministerio Público ha revelado que numerosos afiliados de SENASA niegan rotundamente haber recibido los servicios médicos que figuran en los registros a sus nombres. Los testimonios indican desconocimiento de los médicos y procedimientos, además de negar haber visitado los centros de salud implicados. Esta situación sugiere una posible suplantación de identidad y uso indebido de datos para generar reclamaciones fraudulentas.
El Ministerio Público ha documentado que, tras entrevistar a una considerable cantidad de usuarios de SENASA, estos han confirmado no haber recibido las prestaciones de salud que aparecen detalladas en los formularios de reclamaciones bajo sus identificaciones. Conforme a sus declaraciones, los afiliados no conocen a los facultativos mencionados en los documentos, ni los diagnósticos o tratamientos registrados. Asimismo, manifestaron nunca haber acudido a las clínicas o consultorios donde se registran las autorizaciones. Los declarantes aseguraron, además, no haber solicitado, firmado ni obtenido las citas, procedimientos o cirugías que se reportaron a su nombre.
Algunos aseguran que estaban en otros lugares
El expediente contiene relatos de afiliados que indicaron que, en las fechas y horarios en que supuestamente recibieron atención médica, estaban realizando otras actividades que impedían su presencia en los establecimientos de salud. Entre los ejemplos mencionados se encuentran personas que se encontraban en sus puestos de trabajo, en sus domicilios, fuera de la localidad e incluso fuera del país cuando, según los registros examinados, se habrían efectuado consultas o procedimientos a su nombre. El Ministerio Público también señala que varios de los entrevistados desconocían incluso la existencia o ubicación de las clínicas y consultorios donde supuestamente habían recibido atención.
El expediente habla de una selección de afiliados
Con base en la similitud de estos testimonios, el Ministerio Público sostiene que los afiliados utilizados en las reclamaciones habrían sido elegidos de forma intencionada. La acusación indica que se trataba de individuos que residían en distintas partes del país y con perfiles variados. Según la investigación, los implicados habrían seleccionado a afiliados que, por su localización geográfica o su escasa utilización del seguro, tendrían menores posibilidades de detectar que su información estaba siendo empleada. El Ministerio Público interpreta este patrón como un indicio de una operación que habría utilizado información confidencial, suplantación de la identidad y falsificación de firmas para generar reclamaciones contra SENASA sin el conocimiento de los afiliados.
