El gobierno hondureño ha clasificado a tres grupos delictivos como asociaciones terroristas, marcando un endurecimiento en su lucha contra el crimen organizado. Esta medida, respaldada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, busca otorgar mayores facultades a las autoridades. Además, se planean reformas legislativas para endurecer las condiciones de reclusión de los pandilleros, incluyendo su traslado a cárceles de máxima seguridad y la restricción de comunicaciones, como parte de una ofensiva integral contra la criminalidad.
TEGUCIGALPA, Honduras. — El Gobierno de Honduras ha designado a tres entidades delictivas que operan en el territorio nacional como asociaciones terroristas. Esta acción forma parte de una renovada estrategia para enfrentar la delincuencia organizada. La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) durante una sesión presidida por el mandatario Nasry Asfura, y posteriormente ratificada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Sin embargo, las autoridades optaron por no revelar los nombres de dichos grupos en este momento, con el fin de evitar alertarlos sobre las acciones que se están preparando en su contra. Zambrano explicó que esta declaración permitirá expandir las capacidades de las autoridades para actuar contra estas estructuras criminales y ejecutar operaciones de manera inmediata.
En Honduras, existen organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, agrupaciones vinculadas a actividades como el narcotráfico y la violencia criminal, las cuales también mantienen operaciones en otras naciones de Centroamérica. Como parte de las nuevas disposiciones, el Congreso hondureño considera reformas para que los miembros de pandillas puedan ser internados en prisiones de máxima seguridad, además de restringir sus comunicaciones dentro de los centros penitenciarios y establecer un grupo especializado de fiscales y jueces para atender estos casos.
“Serán perseguidos sin descanso, todos los días del año y a cualquier hora”, afirmó Zambrano al referirse a la ofensiva contra las estructuras criminales. Esta iniciativa se implementa mientras la administración de Asfura busca fortalecer su política de seguridad frente a la criminalidad organizada. Las autoridades también han descartado, por ahora, recurrir nuevamente a un estado de excepción y prefieren aplicar las recientes reformas legales y mecanismos especializados.
