El juez estadounidense que lleva el caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro ha emitido una orden de protección para regular la entrega de pruebas por parte de la Fiscalía a la defensa. Esta medida busca salvaguardar la privacidad, evitar filtraciones y proteger el curso de la investigación, clasificando el material según su riesgo y estableciendo restricciones para su manejo.
El juez estadounidense que preside la causa penal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emitido una orden de protección que regula el manejo de las pruebas que la Fiscalía proporcionará a la defensa. El magistrado, Alvin K. Hellerstein, instruyó a la Fiscalía para que entregue a los abogados de Maduro los documentos, objetos e información que conforman el expediente, pero los categorizó según varios niveles de riesgo para el proceso y estableció limitaciones para cada uno.
El juez indica que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación", pero reconoce que podría afectar la privacidad personal, perjudicar indagaciones sobre individuos aún no acusados o generar publicidad que dañe el caso, entre otras posibles consecuencias.
Hellerstein busca evitar la difusión indebida de las pruebas. En este sentido, ordena que los acusados o sus representantes legales no revelen las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa, ni las publiquen en internet o las filtren a los medios de comunicación.
El juez también especifica que la Fiscalía le informó que parte de la información está "almacenada electrónicamente" y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, "de varias computadoras, celulares y otros dispositivos".
"Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía está autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) a menos que se indique otra clasificación", establece la orden.
La clasificación APO implica que dicho material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia.
La orden de protección para el manejo de las pruebas se mantendrá vigente incluso después de que concluya la causa penal, y el tribunal conservará jurisdicción para asegurar su cumplimiento, según lo estipulado en el documento firmado por Hellerstein, una práctica habitual en este tipo de litigios.
A Maduro y Flores los detuvieron el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados.
