Portugal ha puesto en marcha una nueva legislación que restringe el uso de vestimentas que cubran completamente el rostro en espacios públicos. Esta medida, que no especifica prendas religiosas, establece sanciones económicas considerables y contempla excepciones por motivos de salud, profesionales o de seguridad. La normativa también penaliza a quienes fuercen a otros a ocultar su rostro, con posibles penas de prisión.
La conocida como “ley del burka” entró en vigencia este miércoles en Portugal, impidiendo el uso de indumentaria que oculte o impida mostrar la cara en espacios públicos, con sanciones que podrían llegar a los 3.000 euros. La normativa fue divulgada el 24 de agosto y estipulaba su aplicación treinta días después.
La Ley 58/2026 no menciona explícitamente el burka, el niqab ni ninguna creencia religiosa. Su aplicación abarca calles, sitios abiertos al público, áreas destinadas a servicios públicos y establecimientos donde se brindan servicios generalmente accesibles a los ciudadanos. La restricción también se extiende a eventos, actividades deportivas y manifestaciones.
La legislación prevé multas de 150 a 750 euros si la transgresión es por negligencia y de 400 a 3.000 euros si hay intención. La supervisión corresponde a las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades municipales se encargarán de procesar los expedientes y aplicar las penalizaciones.
La norma establece excepciones cuando la ocultación del rostro se justifique por razones de salud, motivos laborales, artísticos, de ocio o publicidad, así como por cuestiones de seguridad o condiciones climáticas. También quedan fuera de la prohibición las aeronaves, instalaciones diplomáticas y consulares, lugares de culto y otros espacios sagrados.
Adicionalmente, la ley sanciona a quien obligue a otra persona a cubrir su rostro mediante amenaza, violencia, coacción o abuso de autoridad o poder. En tales casos, se contemplan hasta dos años de prisión o una multa de hasta 240 días, con un aumento de un tercio si la víctima es menor de edad.
El texto tuvo su origen en una iniciativa del partido Chega y fue aprobado de forma definitiva por el Parlamento portugués el 17 de julio, antes de ser promulgado por el presidente António José Seguro el 18 de agosto.
