La defensa de la Dra. Anna Rachel Rodríguez Almánzar ha criticado la solicitud de expedientes clínicos por parte del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a médicos que no poseen la custodia de dichos documentos. El abogado argumenta que la responsabilidad de la custodia recae en los centros de salud, no en los profesionales individuales, y presentó una comunicación de SeNaSa como evidencia de esta práctica.
El abogado Santos Willy Liriano, quien representa a la doctora Anna Rachel Rodríguez Almánzar, expresó su desacuerdo con la práctica del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de pedir historiales médicos a profesionales de la salud que, según su declaración, no son los responsables de guardar esos papeles. Ante el juzgado, presentó una carta que un supervisor de la institución había enviado a su cliente.
Liriano detalló que dicha comunicación fue dirigida a Rodríguez Almánzar en junio de 2026, solicitando registros que, según su versión, posteriormente serían usados para formular acusaciones en su contra. El letrado aseguró que su representada no cumplió con la petición porque ella no formaba parte del centro de salud al que pertenecían los casos.
De acuerdo con el jurista, el enjuiciamiento de su defendida se produjo después de este suceso, por lo que puso en duda que se le pretenda cargar la culpa por documentos cuya custodia, afirmó, corresponde al establecimiento de salud donde se originaron los expedientes. Para respaldar su argumento, Liriano hizo referencia a un reglamento del Ministerio de Salud Pública emitido en 2018 y confirmado en agosto de 2023.
Explicó que el artículo 7 de dicho reglamento establece que los expedientes clínicos se mantienen bajo la guarda del centro para propósitos de verificación de los mismos, y no del médico. “El centro médico es el guardián de todos los historiales clínicos”, aseveró el abogado, quien reiteró que la documentación no debe ser solicitada directamente a los profesionales que atienden a los pacientes cuando estos no tienen bajo su potestad la custodia de los archivos.
Basándose en esta interpretación, Liriano declaró que los médicos involucrados en el procedimiento son “víctimas de este proceso” y cuestionó que se les atribuya responsabilidad por expedientes que, según su punto de vista, deben permanecer bajo el resguardo de los centros de salud. Estas observaciones forman parte de la postura de la defensa de Rodríguez Almánzar y deberán ser contrastadas con las alegaciones y pruebas que presente el Ministerio Público en el caso SeNaSa 2.0-A.
