El abogado Miguel Surún ha instado a que la investigación del caso SeNaSa 2.0-A se extienda más allá de los médicos implicados, abarcando a todos los individuos y entidades que pudieron haber administrado los significativos recursos de la institución. Durante la audiencia, Surún, defensor de uno de los acusados, cuestionó la focalización exclusiva en profesionales de la salud, sugiriendo que hay otros niveles de responsabilidad que requieren esclarecimiento.
El jurista Miguel Surún demandó este jueves que la pesquisa sobre el caso SeNaSa 2.0-A no se restrinja a los galenos mencionados en el expediente, sino que incluya a todas las partes que, conforme a sus declaraciones, pudieron haber participado en el manejo de los cuantiosos fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Surún, quien representa a uno de los procesados, manifestó su desacuerdo durante la sesión judicial, señalando que la acción penal se enfoca en ciertos especialistas médicos, mientras, en su opinión, quedan pendientes de aclarar otras responsabilidades.
En este contexto, planteó preguntas acerca de la implicación de clínicas, laboratorios y propietarios de establecimientos farmacéuticos. El profesional del derecho argumentó que algunos médicos han admitido haber cedido sus códigos, pero presuntamente estos fueron usados de forma indebida, por lo que consideró crucial determinar quiénes recibieron, administraron y se beneficiaron de esos recursos. También cuestionó por qué otros actores vinculados al sistema no han sido incluidos en la investigación con la misma profundidad.
Surún solicitó que el proceso permita establecer de manera exhaustiva cómo se movilizaron los capitales que, según las acusaciones del Ministerio Público, fueron sustraídos de SeNaSa. “¿Dónde se encuentran los dueños de las farmacias?”, preguntó, a la vez que exigió que la investigación identifique a todos los responsables, sin importar el nivel en que hayan intervenido. El abogado recalcó la necesidad de una investigación que cubra toda la cadena de posibles responsabilidades y no solo a aquellos que figuran como imputados en esta fase del proceso.
Sus aseveraciones forman parte de la estrategia de defensa y deberán ser confrontadas con las pruebas y argumentos que presente el Ministerio Público durante la consideración de la medida de coerción. La audiencia contra los imputados de la Operación SeNaSa 2.0-A prosigue en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde las defensas exponen sus argumentos frente a la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja.
