La reciente aprobación de la ley de juegos de azar en el Congreso Nacional exige una profunda adecuación de los operadores del sector. Una especialista destaca que esta normativa pondrá a prueba los controles internos, la estructura corporativa y la capacidad de las empresas para ajustarse a las nuevas demandas regulatorias, incluyendo la obtención de licencias y la transparencia de sus operaciones. Se prevé un período de transición y desafíos tecnológicos significativos.
La aprobación el 16 de septiembre del proyecto de ley que regula las actividades de azar en el Congreso Nacional representa un momento crucial para los operadores del sector, quienes deberán someterse a un proceso de adaptación que evaluará la solidez de sus sistemas de control internos, la organización de sus empresas y su habilidad para satisfacer las nuevas exigencias de la regulación. Así lo manifestó la abogada Yamile Gutiérrez, experta en normativa de juegos de azar, durante una conversación con N Digital. Ella explicó que, aunque aún se espera la determinación del Poder Ejecutivo sobre la promulgación o posible objeción de la propuesta, los participantes del sector deberían empezar a analizar las modificaciones necesarias en sus compañías desde ahora mismo.
Para Gutiérrez, la modificación va más allá de conseguir una nueva autorización. El proyecto propone una reconfiguración del sistema de supervisión del ámbito, mediante la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), una entidad independiente con autonomía jurídica que asumirá las funciones de regulación, supervisión y fiscalización.
La especialista cree que uno de los principales obstáculos será el período de ajuste. Los operadores existentes dispondrán de un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para completar el proceso de adecuación y solicitar una nueva licencia de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. Estos incluyen el pago de impuestos y tarifas, la presentación de documentos y la vinculación con las soluciones tecnológicas requeridas.
En el caso de las empresas concesionarias de loterías electrónicas que mantienen acuerdos con el Estado dominicano, Gutiérrez precisó que también tendrán que solicitar una nueva licencia dentro de ese lapso, la cual reemplazará el contrato de concesión actual.
Otro de los aspectos que, según su criterio, pondrá a prueba a los operadores es la claridad de sus organizaciones. La nueva regulación contempla mayores requisitos sobre la información de los accionistas, los beneficiarios finales, los administradores y otras personas relacionadas con las empresas, por lo que los operadores deberán revisar su gobernanza corporativa y la documentación que respalda sus operaciones.
El componente tecnológico adquiere particular relevancia con la normativa de los juegos de azar en línea. Las empresas deberán alistarse para nuevos requerimientos vinculados con la obtención de licencias, la gestión de plataformas, el acceso a la información y la supervisión tecnológica, además de establecer métodos para contrarrestar actividades que operen sin permiso.
Gutiérrez indicó que esta transformación exige que cada operador conozca con antelación su situación actual y las deficiencias que deberá corregir antes de que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse. “Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico normativo de su empresa: qué tipo de permiso posee, qué ajustes deberá implementar, cómo está organizada su gobernanza corporativa, cuáles son sus sistemas de cumplimiento, qué adaptaciones tecnológicas necesitará y qué impacto económico tendrá el nuevo marco en su actividad”, afirmó la especialista a N Digital.
Las autorizaciones tampoco tendrán una duración estándar. El proyecto establece vigencias de cinco años para las bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; tres años para los bingos tradicionales y electrónicos; y diez años para las bancas deportivas, juegos de azar por internet, casinos y máquinas tragamonedas en bancas deportivas.
Para Gutiérrez, uno de los cambios que mayor atención debe generar es que el cumplimiento no finaliza con la obtención de una licencia. Los operadores deberán mantener durante toda su validez las condiciones exigidas por la autoridad y responder por los controles implementados dentro de sus organizaciones.
El proyecto también refuerza las disposiciones sobre el juego responsable y la protección al jugador, incluyendo medidas para evitar el acceso de menores, enfrentar la ludopatía y establecer sistemas de autoexclusión. Los establecimientos deberán exhibir, además, los letreros “Prohibida la entrada a menores de edad” y “Jugar puede provocar adicción y afectar la salud”.
Pero el nivel más elevado de exposición para los operadores podría estar relacionado con el sistema de sanciones. La especialista explicó que las repercusiones del incumplimiento podrían afectar a las empresas y sus licencias, pero también a los accionistas, administradores y directivos, dependiendo de la infracción cometida. El proyecto contempla sanciones administrativas y disposiciones de índole penal, con penas que pueden alcanzar hasta una década de prisión para ciertas conductas.
“No habrá una verdadera transformación mientras acatar la ley resulte más gravoso que quebrantarla. El nuevo marco debe asegurar una norma simple: quien cumple, opera; quien incumple, afronta las consecuencias”, sostuvo Gutiérrez.
Con la aprobación en el Congreso, los operadores esperan la determinación del Poder Ejecutivo, pero, mientras se define el futuro de la iniciativa, la especialista considera que el sector ya tiene por delante una labor concreta: examinar sus estructuras, identificar riesgos y determinar cuánto deberán invertir en tecnología, documentación y cumplimiento para hacer frente al nuevo panorama regulatorio.
