La audiencia de medida de coerción contra 26 personas vinculadas al caso Senasa 2.0-A fue aplazada hasta este viernes a las 2:00 de la tarde. Durante la jornada del jueves, los abogados defensores expusieron sus argumentos, cuestionando la acusación del Ministerio Público. Este proceso busca determinar las medidas cautelares para los imputados, que incluyen a 22 médicos y cuatro exempleados de Senasa.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, suspendió para el viernes a las 2:00 de la tarde la continuación de la audiencia de coerción que se sigue contra los 26 individuos implicados en el caso conocido como Senasa 2.0-A. Esta decisión se tomó tras una extensa sesión en la que los equipos de defensa continuaron presentando sus argumentos ante el tribunal.
La sesión judicial se llevó a cabo el jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se caracterizó por las intervenciones de los representantes legales de los acusados, quienes pusieron en duda diversos puntos de la imputación formulada por el Ministerio Público y expusieron los fundamentos que, a su parecer, deben ser considerados en favor de sus clientes.
Hasta una etapa avanzada de la jornada, 15 de los 26 abogados habían expuesto sus alegatos, según lo indicado por el abogado Nolasco Rivas durante uno de los recesos del proceso. Esto significa que quedan pendientes otras intervenciones de la defensa antes de que el tribunal pueda proceder a las siguientes etapas del proceso de coerción.
Defensas cuestionan las imputaciones
Durante las exposiciones de este jueves, los abogados de los imputados cuestionaron la conexión de algunos de sus representados con el presunto esquema investigado por el Ministerio Público y presentaron diversas razones para evitar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Entre los elementos presentados por las defensas se incluyen documentos que prueban arraigo y otros presupuestos destinados a respaldar las condiciones personales y procesales de los acusados.
El proceso judicial involucra a 22 profesionales de la medicina y cuatro antiguos empleados de Senasa, de acuerdo con la información divulgada sobre la audiencia. El Ministerio Público imputa a los acusados su supuesta participación en un esquema relacionado con autorizaciones y facturación de procedimientos médicos que, según la acusación, no habrían sido realizados.
Ministerio Público pide 18 meses de prisión
La Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y que el caso sea declarado de tramitación compleja. La acusación se encuentra detallada en un expediente de 525 páginas, en el cual el Ministerio Público describe las operaciones que, según su investigación, habrían permitido usar datos de afiliados de Senasa para gestionar autorizaciones y posteriormente facturar procedimientos médicos que los beneficiarios no habrían recibido.
El organismo persecutor sostiene que el supuesto esquema habría causado un daño patrimonial superior a los RD$41 millones.
Diez imputados admitieron los hechos, según la Pepca
Otro de los aspectos relevantes que ha caracterizado el proceso es la declaración de la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, quien afirmó que 10 de los 26 imputados reconocieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público. Ortiz también informó que algunos de los procesados que han mostrado disposición a declarar estarían negociando con el Ministerio Público, lo que eventualmente podría generar solicitudes de modificación de las medidas para ciertos imputados.
No obstante, las posturas de los acusados no son uniformes: mientras algunos han aceptado los hechos, otros mantienen su rechazo a las acusaciones y sus abogados han defendido su inocencia o cuestionado los elementos presentados por la Fiscalía.
La audiencia continúa este viernes
Con la suspensión dispuesta por el juez Rigoberto Sena, el tribunal reanudará este viernes a las 2:00 de la tarde la consideración de la medida de coerción. La jornada deberá continuar con las defensas que aún tienen pendiente presentar sus alegatos, antes de que el tribunal avance hacia la evaluación de las argumentaciones de las partes y la posterior decisión sobre las medidas solicitadas.
Por el momento, el Ministerio Público mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja, mientras las defensas buscan que sus representados enfrenten el proceso bajo otras medidas.
