El abogado Miguel Surún Hernández ha expresado su apoyo a las medidas de coerción en el caso SeNaSa 2.0-A, pero critica que la investigación se enfoque solo en ciertos acusados. Ha solicitado al Ministerio Público investigar a empresarios, candidatos y otras personas que supuestamente recibieron fondos relacionados con el desfalco. Hernández argumenta que la sociedad exige una investigación exhaustiva y objetiva que no deje fuera a los verdaderos responsables del fraude.
El jurista Miguel Surún Hernández manifestó este viernes su respaldo a la aplicación de medidas coercitivas contra los implicados en el expediente SeNaSa 2.0-A. No obstante, puso en tela de juicio que el procedimiento se enfoque exclusivamente en determinados acusados y exigió al Ministerio Público que investigue a empresarios, aspirantes políticos y otras personas que, según sus declaraciones, habrían recibido fondos vinculados al presunto desvío de dinero del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Hernández sostuvo que la ciudadanía demanda una investigación imparcial y rechazó lo que describió como un proceso utilizado para proteger a los verdaderos artífices del supuesto fraude. En este contexto, aludió directamente al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y aseveró que el expediente estaría conectado con un procedimiento que, bajo su interpretación, fue presentado en diciembre con el fin de evitar que este enfrentara prisión. “Una situación es esa y otra es que uno admita que se le intente tomar por tonto con un proceso coartada de Santiago Hazim”, declaró el abogado, quien añadió que, desde su perspectiva, no se puede permitir que el caso se circunscriba a los actuales imputados.
El letrado también exigió que el Ministerio Público someta a los aspirantes que, según sus señalamientos, recibieron dinero de SeNaSa, así como a empresarios relacionados con contratos de Farmacar. Mencionó a Alfredo Carinver, a quien atribuyó la firma de un contrato por 2,200 millones de pesos, y preguntó si este había sido presentado ante la justicia. Asimismo, cuestionó que no se haya procesado, según sus afirmaciones, a Pablo Ortiz Giraldez, a quien señaló como la persona que habría organizado el proceso; a Lower Fernández Whimper, a quien vinculó con la representación de Del Este; y a otros individuos que, afirmó, habrían recibido recursos.
Hernández estimó en casi 5,000 millones de pesos el importe relacionado con las acusaciones que planteó. “¿Y esta sociedad entonces va a aceptar el hecho de que 40 millones de pesos es suficiente y que ya hemos terminado? ¡No!”, exclamó el abogado, quien reclamó que las investigaciones abarquen a todos los posibles involucrados y no solamente a quienes aparecen en el expediente actual.
Hernández afirmó que, según la percepción de una parte de la sociedad que dijo representar, el proceso tendría como propósito encubrir a quienes habrían manejado mayores cantidades de dinero. Sin embargo, sus señalamientos corresponden a su valoración del caso y deberán ser contrastados con las pruebas, las imputaciones formales y las acciones del Ministerio Público.
