La República Dominicana ha logrado una significativa reducción del 40% en los embarazos adolescentes entre 2021 y 2025, disminuyendo de 27,476 a 16,481 casos. Esta notable mejora ha sido reconocida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ha elogiado la política nacional implementada como una de las estrategias más prometedoras en la región para abordar esta problemática.
En Santo Domingo, los embarazos entre adolescentes muestran una tendencia decreciente en la República Dominicana, pasando de 27,476 situaciones en 2021 a 16,481 en 2025, lo que representa una disminución cercana al 40%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha reconocido la estrategia nacional para abordar este desafío como una de las “prácticas prometedoras” en la región. El dato más reciente de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondiente al segundo trimestre de 2026, también indica 137 casos menos que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un descenso del 3.91%. Esta reducción se produce en el contexto de la implementación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA).
En su informe titulado Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: De los datos a la acción pública, la CEPAL identifica la PPA como una experiencia sobresaliente debido a la coordinación entre diversas entidades, el enfoque geográfico específico y la asignación de fondos dedicados para su ejecución. El organismo subraya la colaboración entre el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), además de la formación de una Unidad Técnica de Gestión encargada de supervisar y coordinar las actividades de las diferentes instituciones participantes.
Otro aspecto destacado es la concentración de las intervenciones en zonas con mayores índices de uniones a temprana edad, embarazos en la adolescencia y violencia, incluyendo localidades como Azua, Boca Chica y San Juan. El informe también enfatiza que la estrategia busca superar la fragmentación de iniciativas a través de una política a nivel nacional con metas proyectadas hasta el año 2030, un presupuesto asegurado y metodologías estandarizadas. La evolución de las cifras y el reconocimiento internacional posicionan la disminución de los embarazos adolescentes como uno de los indicadores principales para evaluar el impacto de esta política pública, aunque la reducción continua dependerá de la persistencia de las acciones de prevención y atención en las áreas priorizadas.
