Tres ciudadanos dominicanos en Panamá han sido enviados a prisión preventiva, acusados de delitos de delincuencia organizada y trata de personas. Se les imputa haber reclutado panameños para participar en la guerra ruso-ucraniana, prometiendo pagos que nunca se materializaron. La investigación reveló que la red operaba a través de redes sociales, con uno de los reclutados viajando a Rusia y siendo posteriormente repatriado.
Tres personas de nacionalidad dominicana radicadas en Panamá han sido puestas bajo custodia provisional, enfrentando cargos por crimen organizado y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Se les imputa haber participado en una red dedicada a la captación de individuos para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los señalados han sido identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García. Se les atribuye haber manejado transferencias bancarias que superan los 800 mil dólares, destinadas a la incorporación de ciudadanos panameños dispuestos a viajar a la Federación Rusa para combatir.
La fiscalía sostuvo que Ramírez, Newball y García forman parte de una organización delictiva que atraía a personas que, al final, no recibían ninguna remuneración por ir al frente de batalla.
Modus operandi
Elizabeth Carrión, la fiscal encargada del caso, detalló que este grupo utilizó la plataforma TikTok para contactar a Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, todos residentes en la provincia de Bocas del Toro. A ellos los persuadieron para trasladarse a la Ciudad de Panamá con el propósito de gestionar sus pasaportes, adquirir boletos de avión y firmar el “contrato para prestar sus servicios en la guerra”.
Según la información proporcionada por la fiscalía, las tres víctimas fueron alojadas en un establecimiento llamado Chellox Panamá Airport, ubicado en Tocumen. Desde este lugar, los reclutadores gestionaron pagos utilizando tarjetas de crédito y coordinaron los traslados de los reclutas para obtener sus pasaportes y completar los procedimientos de viaje. Sin embargo, durante su estadía, dos de las víctimas abandonaron el hostal y alertaron a la policía, al sospechar que podrían ser víctimas de explotación laboral.
Las indagaciones indican que José Montenegro, uno de los afectados, sí viajó a Rusia. Una vez allí, nunca recibió los 2,000 dólares prometidos. Ante esta situación, solicitó apoyo a la Cancillería panameña y fue repatriado. Las investigaciones también revelan que Ramírez, quien se presume era el líder del grupo, realizó varios viajes a Colombia, donde supuestamente recibía instrucciones y fondos para operar en Panamá.
El juez Ceballos consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía en la audiencia ofrecen un fuerte indicio de la participación de los acusados en una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral.
