Las herramientas de inteligencia artificial están transformando la investigación jurídica al agilizar el acceso a vastos volúmenes de información. Sin embargo, surge un debate crucial sobre la capacidad de estas tecnologías para interpretar con precisión las decisiones judiciales y distinguir entre los fundamentos esenciales y las consideraciones secundarias. Expertos advierten sobre los riesgos de confiar ciegamente en la IA sin una verificación humana, destacando la importancia de la revisión crítica para evitar errores que podrían alterar el sentido de los argumentos legales.
En cuestión de instantes, un sistema de inteligencia artificial puede ubicar leyes, fallos y documentos legales basándose en una consulta formulada en lenguaje natural. Para los profesionales del derecho y los estudiantes, esta capacidad representa una innovadora manera de acceder a grandes cantidades de datos jurídicos. No obstante, hallar una sentencia relacionada con un caso no implica necesariamente comprender la verdadera intención del tribunal. Este es uno de los principales retos que presenta la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación legal: una herramienta puede identificar un documento aparentemente pertinente y, al mismo tiempo, equivocarse al determinar el criterio que finalmente estableció la resolución.
El jurista Carlos Peña, entrevistado para este informe, alerta justamente sobre esta amenaza. Según su explicación, los sistemas de IA podrían tener dificultades para diferenciar la estructura interna de una sentencia y llegar a presentar como doctrina legal un principio que, en realidad, establece lo contrario. Esta precaución adquiere particular relevancia al distinguir entre la
ratio decidendi
, que es el fundamento esencial de una decisión judicial, y elobiter dictum
, que comprende consideraciones que no son necesariamente la razón determinante del fallo. Por consiguiente, la cuestión ya no es meramente si la inteligencia artificial puede localizar un fallo. El verdadero desafío reside en determinar si puede identificar e interpretar correctamente el principio jurídico que esa sentencia establece.Para Peña, una de las dificultades más significativas se relaciona con la distinción entre la
ratio decidendi
, es decir, el fundamento esencial que sostiene la determinación, y elobiter dictum
, que incluye las observaciones hechas por el tribunal que no constituyen necesariamente la razón principal del veredicto. El abogado también advierte sobre otra posible equivocación: que una herramienta cite la sentencia que fue apelada como si fuera el criterio jurisprudencial definitivo, cuando posteriormente la sentencia de casación pudo haber establecido una posición distinta. Esta advertencia cobra especial importancia en un sistema donde la jurisprudencia constituye un instrumento fundamental para la investigación legal. El propio Poder Judicial mantiene una plataforma oficial de consulta donde pueden revisarse las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de manera consolidada desde 1910 hasta la actualidad, además de los boletines judiciales y otros criterios de búsqueda. En una publicación sobre sus decisiones más importantes de septiembre a diciembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia resaltó precisamente el interés casacional como un mecanismo diseñado para asegurar la interpretación uniforme de la ley, armonizar criterios entre tribunales y consolidar la coherencia del sistema judicial. Esto significa que, en la investigación jurídica, no basta con localizar una decisión aparentemente relacionada con un caso. También es necesario verificar qué órgano la emitió, en qué contexto, qué decidió realmente y cuál fue el fundamento jurídico de esa determinación.Mientras abogados y estudiantes debaten los límites de estas herramientas, las instituciones judiciales dominicanas ya han comenzado a incorporarlas. El Poder Judicial informó en julio de 2026 que implementó un proyecto piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y en áreas administrativas y de apoyo a tribunales. Según la institución, la herramienta se utiliza para automatizar tareas repetitivas, apoyar la redacción jurídica y agilizar el análisis de información legal mediante consultas inteligentes. El Poder Judicial señala, además, que estas iniciativas operan bajo criterios de seguridad, gobernanza tecnológica, protección de información judicial, trazabilidad y supervisión humana. La institución también informó sobre herramientas para resumir casos y documentos, realizar búsquedas inteligentes dentro de expedientes, convertir documentos escaneados en texto y anonimizar información sensible. El enfoque oficial, por lo tanto, no plantea que la tecnología reemplace la función jurisdiccional. Por el contrario, el Poder Judicial afirma que la IA debe funcionar como una herramienta de apoyo al trabajo judicial, manteniendo el control humano.
El Tribunal Constitucional cuenta desde 2023 con un Laboratorio de Inteligencia Constitucional, iniciativa que incluye un asistente virtual denominado “Patria”, mejoras en los sistemas de búsqueda de jurisprudencia y una plataforma para concentrar información relacionada con la actividad del tribunal. Actualmente, el propio Tribunal explica que “Patria” utiliza procesamiento de lenguaje natural y que su conocimiento se encuentra limitado a la información gestionada por el tribunal, sin utilizar Internet para su entrenamiento. La institución señala que los datos incorporados son cargados mediante protocolos de seguridad por personal autorizado. El desarrollo de estas herramientas demuestra que la discusión sobre IA y Derecho en República Dominicana ya no pertenece exclusivamente al ámbito académico o tecnológico: las propias instituciones que producen y administran información jurídica están experimentando con ella.
En 2024, el magistrado del Tribunal Constitucional Amaury A. Reyes Torres ya había advertido sobre los peligros de utilizar incorrectamente la inteligencia artificial dentro del sistema judicial. Durante un encuentro de tribunales constitucionales de América Latina y el Caribe, Reyes Torres señaló que las denominadas “alucinaciones” y los sesgos de los sistemas de IA pueden afectar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. También sostuvo que estas herramientas no poseen inteligencia crítica o reflexiva y que deben ser empleadas con especial precaución. En esa ocasión, el magistrado consideró que la IA podría tener aplicaciones útiles en tareas como el tratamiento de precedentes, el trámite documental y la consulta de jurisprudencia, pero insistió en la necesidad de una revisión cuidadosa de sus resultados. Esta posición coincide parcialmente con la experiencia expuesta por Carlos Peña, aunque desde la práctica privada. “Toda información jurídica obtenida mediante IA debe ser comprobada directamente en la fuente original”, afirmó Peña. A su juicio, la herramienta puede confundir la
ratio decidendi
con elobiter dictum
o presentar como criterio jurisprudencial una decisión que posteriormente fue modificada o contradicha por el tribunal competente.Ante la posibilidad de que una IA proporcione una sentencia o fundamento jurídico incorrecto, Peña sostuvo que la responsabilidad debe recaer en quien utiliza la herramienta, debido a que esa persona es quien tiene a su cargo la elaboración del documento. La posición coloca el debate en un punto fundamental: utilizar inteligencia artificial no elimina la responsabilidad profesional de quien firma, presenta o utiliza el resultado. En otras palabras, la herramienta puede ayudar a buscar, organizar o procesar información, pero la decisión de incorporar determinado argumento jurídico en un documento continúa siendo del profesional. Esta idea coincide con el enfoque institucional adoptado por el Poder Judicial, que ha señalado que la incorporación de IA debe mantener el control humano y no sustituir la función jurisdiccional ni el criterio de quienes ejercen esa función.
La República Dominicana cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), lanzada el 12 de octubre de 2023, que contempla asuntos relacionados con ética, privacidad, protección de datos, responsabilidad y transparencia en el uso de esta tecnología. El documento también plantea mecanismos para evaluar las aplicaciones de IA en distintos sectores y estudiar posibles rutas regulatorias. Además, en junio de 2026, el Poder Judicial informó que recibió una misión de asistencia técnica de la Unión Europea para analizar la legislación vigente frente a los desafíos relacionados con la inteligencia artificial y los delitos tecnológicos. La institución indicó que los trabajos incluyen asuntos como fraudes, extorsiones, suplantación de identidad y deepfakes, así como la elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley sobre delitos cometidos mediante sistemas de IA. Sin embargo, Carlos Peña mantiene una posición diferente respecto a la necesidad de establecer reglas específicas para el uso de IA en la abogacía. El abogado considera que una regulación de este tipo podría afectar la competencia y el desarrollo de la tecnología. Su postura representa una opinión profesional dentro de un debate que todavía se encuentra en evolución.
Peña señala que ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, pero principalmente para corregir la gramática de sus textos y comprobar que no haya dejado ideas inconclusas. Para la investigación jurídica, afirma preferir trabajar con una base de datos propia y herramientas que permitan analizar documentos previamente seleccionados. Su respuesta refleja una diferencia importante entre utilizar IA para asistir en tareas mecánicas o de redacción y utilizarla para construir el razonamiento jurídico de un caso. Ante la pregunta sobre qué aspectos de la investigación jurídica todavía requieren necesariamente el criterio de un abogado, su respuesta fue categórica: “Todos”. El planteamiento también encuentra respaldo en la posición expresada por representantes del Tribunal Constitucional. En un conversatorio realizado en 2023 sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega sostuvo que, aunque la justicia puede beneficiarse de la tecnología, en la función de juzgar sigue siendo necesaria la evaluación y valoración humana.
Por un lado, las herramientas tecnológicas pueden facilitar el acceso a grandes volúmenes de información y reducir el tiempo necesario para localizar documentos. Por otro, la velocidad para encontrar información no garantiza que esa información haya sido correctamente interpretada. La experiencia institucional dominicana demuestra que la IA ya está siendo utilizada como apoyo para la gestión judicial y la consulta de información. Pero las advertencias provenientes del propio sistema de justicia y la experiencia del abogado entrevistado apuntan hacia una misma necesidad: mantener la revisión humana. Para un abogado, una cita jurisprudencial incorrecta no es simplemente un error de búsqueda. Puede modificar el sentido de un argumento jurídico. Por eso, mientras la inteligencia artificial continúa incorporándose al Derecho dominicano, una regla práctica permanece vigente: la fuente original sigue siendo el punto de comprobación.
