Los individuos señalados en el expediente Senasa 2.0-A aguardan hoy la determinación judicial sobre las medidas de coerción solicitadas. Tras extensas sesiones de argumentación entre la Fiscalía y las defensas, se espera que el magistrado dictamine sobre la prisión preventiva y la complejidad del proceso, particularmente para quienes no alcanzaron acuerdos con la parte acusadora.
Los señalados en el expediente Senasa 2.0-A enfrentarán este domingo el dictamen acerca de la solicitud de medidas coercitivas, después de varias jornadas intensas de presentaciones, réplicas y contrarréplicas entre la acusación pública y los abogados defensores. Cabe recordar que la parte acusadora solicitó dieciocho meses de detención provisional y la declaración de un proceso de tramitación compleja para los acusados que no llegaron a pactos con el órgano persecutor. Ahora, corresponderá al juzgador evaluar las exposiciones y las pruebas aportadas antes de emitir su resolución.
La Fiscalía solicita dieciocho meses de prisión preventiva para los veintiséis individuos acusados y que el procedimiento sea catalogado de tramitación compleja. La imputación se encuentra detallada en un expediente de quinientas veinticinco páginas, donde el Ministerio Público describe las acciones que, según su investigación, habrían permitido el uso de información de afiliados de Senasa para tramitar autorizaciones y, posteriormente, facturar procedimientos médicos que los beneficiarios presuntamente nunca recibieron. La entidad persecutora asegura que el presunto esquema habría causado un perjuicio superior a cuarenta y un millones de pesos dominicanos.
Otro aspecto relevante que ha caracterizado el proceso es la afirmación de la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, de que diez de los veintiséis imputados reconocieron los hechos que les imputa el Ministerio Público. Ortiz también comunicó que algunos de los procesados que han mostrado intención de declarar estarían negociando con la Fiscalía, lo que eventualmente podría resultar en solicitudes para modificar las medidas aplicadas a ciertos acusados. Sin embargo, las posturas de los imputados no son uniformes: mientras algunos han admitido las acusaciones, otros mantienen su rechazo a las imputaciones y sus representantes legales han defendido su inocencia o cuestionado las evidencias presentadas por la Fiscalía.
