Miguelina Bello Condenada a Tres Años de Prisión por Sustracción de Municiones Policiales

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Miguelina Bello Segura ha sido sentenciada a tres años de cárcel por su implicación en una red que sustraía y vendía ilegalmente municiones de la Policía Nacional. La condena incluye una suspensión parcial, lo que significa que cumplirá año y medio bajo arresto domiciliario, sujeto a condiciones estrictas. Este caso es parte de la Operación Pandora, que desmanteló la estructura criminal en 2024.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aceptó la petición del Ministerio Público y dictó una sentencia de tres años de reclusión contra Miguelina Bello Segura, tras confirmarse su implicación en una organización delictiva dedicada a la extracción y posterior venta ilícita de equipos y municiones pertenecientes a la Policía Nacional. Esta estructura fue desmantelada mediante la Operación Pandora en noviembre de 2024.

La resolución judicial contempla la suspensión condicional de la mitad de la pena acordada, por lo que la acusada deberá cumplir un año y seis meses bajo la modalidad de detención en su domicilio, quedando obligada a acatar normativas específicas durante el periodo de supervisión de su libertad. Entre las condiciones establecidas por el tribunal, a propuesta de los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se incluye la obligación de fijar una residencia permanente y notificar formalmente cualquier cambio de domicilio tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena.

De igual modo, Bello Segura tiene prohibido salir del país sin previa autorización judicial, portar armas de fuego de cualquier clase y consumir bebidas alcohólicas de manera excesiva, además de estar obligada a presentarse mensualmente ante las autoridades competentes. La jueza de instrucción Kenya Romero emitió el dictamen tras la homologación de un acuerdo de penalidad abreviada en el cual la procesada admitió plenamente su culpabilidad en la acusación formulada por el órgano de persecución penal y expresó su disposición a colaborar técnicamente.

La determinación judicial también dispuso el decomiso a favor del Estado de todos los accesorios retenidos durante el procedimiento, fijando la lectura completa del veredicto para el 5 de noviembre de 2026 a las tres de la tarde.

Otras condenas y envíos a juicio

Como precedente en esta misma causa, el tribunal dictó en septiembre una condena de cinco años de prisión domiciliaria contra Marino Antonio Rodríguez Toribio, ordenando el cierre definitivo de la entidad comercial Tactical Accesories RH, S.R.L., el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados a su persona y a la razón social procesada.

En la misma resolución judicial, el juzgado dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como contra el capitán Nelson Valdez, quien se desempeñaba como director del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución policial.

Junto a los oficiales superiores, enfrentarán juicio de fondo los imputados Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.

A los procesados Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez se les modificó la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos mediante contrato de fianza, impedimento de salida del territorio nacional y presentación periódica ante la fiscalía.

Por su parte, a Santos Rodríguez se le mantuvieron vigentes las medidas cautelares consistentes en fianza, restricción de viaje y firma ante el órgano judicial.

Alcance del entramado y tipificación legal

Las investigaciones indican que la red de corrupción, cuyos miembros fueron arrestados durante las acciones de la Operación Pandora, despojó al Estado dominicano de una suma ascendente a 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, mediante la sustracción de miles de proyectiles e insumos militares que permanecían bajo la custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión del oficial Féliz Romero.

El expediente penal establece que los encartados ejecutaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer los pertrechos de la institución de orden público para su comercialización en el mercado informal, obteniendo ganancias económicas perjudiciales para el patrimonio público.

A la estructura se le imputa la comisión de faltas graves clasificadas como coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano.

Asimismo, se les atribuyen infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al incurrir en la legitimación de fondos derivados del tráfico ilícito de material bélico y sus accesorios.