Una investigación periodística reciente ha puesto de manifiesto las controversias en torno a las muertes ocurridas durante operativos policiales en República Dominicana, así como las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales. El informe destaca los obstáculos que, según abogados y organizaciones de derechos humanos, enfrentan individuos buscados por la justicia al intentar entregarse. La situación ha generado un debate crucial sobre los procedimientos policiales y el respeto al derecho a la vida.
Una exhaustiva investigación periodística ha examinado las muertes sucedidas en el contexto de operaciones policiales en República Dominicana. Este trabajo aborda las acusaciones de posibles ejecuciones sin juicio previo y los impedimentos que, según juristas y grupos defensores de los derechos humanos, encuentran algunas personas al querer entregarse a las autoridades.
Mediante relatos de parientes, entrevistas con expertos en leyes, grabaciones de cámaras de vigilancia y datos históricos, la investigación analiza los incidentes de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como Lucifer, y Axel Naviosky Ferreras, apodado Cutico. Estos casos han generado interrogantes sobre la metodología de la policía y las garantías para aquellos requeridos por las autoridades. El estudio subraya la importancia de dilucidar las circunstancias de cada deceso y determinar posibles culpabilidades, enfatizando que la persecución de delitos debe efectuarse dentro del marco legal y con total respeto por la vida.
Yudith Estévez, hermana de Lucifer, compartió con el equipo de investigación el profundo dolor que le causó la pérdida de su pariente. Este suceso se suma a las preocupaciones existentes acerca de las acciones policiales y cómo personas señaladas por crímenes pierden la vida. “Porque nadie desea que un hijo o hermano termine así. Yo no lo querría, pero tampoco quería que él falleciera de esta manera”, afirmó.
Más allá de este caso específico, las quejas se extienden a las cifras históricas de muertes durante operaciones policiales, las declaraciones de antiguos líderes de la institución y la gestión de las pruebas en las escenas del crimen.
Las estadísticas de muertes policiales a lo largo de los años
En la República Dominicana, la expresión “intercambio de disparos” ha sido históricamente empleada en los informes policiales para describir confrontaciones donde fallecen individuos acusados de actos delictivos. No obstante, organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han documentado denuncias de posibles ejecuciones sumarias y han cuestionado la aplicación de fuerza letal en ciertas intervenciones.
Cándido Mercedes, representante de Participación Ciudadana, cuestiona la frecuencia de estos eventos y cómo las autoridades justifican algunos de los fallecimientos. “Las muertes extrajudiciales, muertes en intercambios de disparos y ahora lo llaman acciones legales. No sé qué de legal tiene eso, porque a lo largo de 30 años la Policía Nacional ha quitado la vida a aproximadamente 7,266 personas”, declaró.
Los registros históricos citados en el material de esta investigación atribuyen alrededor de 1,200 decesos a acciones policiales durante el mandato del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entre 2008 y 2010, período correspondiente al gobierno de Leonel Fernández.
Otro referente de la política de mano dura contra la delincuencia fue el mayor general Pedro de Jesús Candelier, quien estuvo al frente de la Policía Nacional durante la administración de Hipólito Mejía y el último año del primer período de Fernández. En una entrevista, al ser consultado sobre si le pediría a un criminal que eligiera la forma de entregarse, Candelier respondió: “No hay que rogarle ni decirle nada. Tú, con astucia, lo encuentras y lo sometes al orden, a cumplir la ley. Ahora, si te enfrentó, elimínalo”.
Los registros mencionados señalan aproximadamente 819 fallecidos durante su gestión, entre 1999 y 2001. Posteriormente, bajo la dirección de Jaime Marte Martínez, entre 2002 y 2004, se contabilizaron cerca de 760 muertes. Asimismo, durante el período de José Aníbal Sanz Jiminián, entre 1997 y 1998, se reportaron alrededor de 604 fallecidos.
Al analizar los datos por períodos presidenciales, los registros citados indican 1,214 muertes durante el primer gobierno de Leonel Fernández, entre 1996 y 2000; 1,060 durante la gestión de Hipólito Mejía, entre 2000 y 2004; y 2,810 durante los mandatos de Fernández entre 2004 y 2012. Durante los ocho años de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, se reportaron 1,092 decesos. En la administración de Luis Abinader, el material registra 77 muertes en 2021, 227 en 2024 y 190 en 2025.
“En las épocas de Leonel Fernández aquí se eliminaron alrededor de 4,034 personas. Entonces, es una estrategia para, entre comillas, quitar del medio a esos jóvenes supuestamente criminales”, añadió Mercedes.
Las cifras citadas requieren ser verificadas con sus fuentes originales, los lapsos exactos y las categorías empleadas para clasificar los fallecimientos. No obstante, las denuncias mantienen abierto el debate sobre los métodos utilizados para combatir la delincuencia y los mecanismos de supervisión de las acciones policiales.
Las declaraciones del exdirector policial y las nuevas interrogantes
En agosto, el entonces director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, emitió unas declaraciones sobre la integridad en el servicio público que provocaron diversas interpretaciones. “No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad exige carácter. Actuar correctamente cuando nadie observa es precisamente lo que define a un verdadero servidor público”, expresó.
Aunque algunos sectores interpretaron sus palabras como una alusión a la lucha contra la corrupción, el abogado Carlos Balcácer considera que el mensaje podría estar relacionado con otras acciones que, a su juicio, merecen ser investigadas. “Parece que se le propuso al anterior director de la Policía, a Cruz, que eso era lo que se avecinaba. Y él dijo: ‘No, conmigo no pueden contar para eso’. Por eso, se despide de la Policía y les dice: ‘Cuidado, ¿eh? No manchen sus uniformes, cuiden sus uniformes’. Porque él ya percibía lo que venía. Eso es evidente”, sostuvo Balcácer.
Esta interpretación del abogado no confirma por sí misma la existencia de una propuesta para llevar a cabo actos ilegales. Sin embargo, sus declaraciones surgen en medio de nuevas dudas sobre las muertes registradas durante operativos policiales. Según las cifras recabadas para esta investigación, durante los primeros dos meses de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García se habrían registrado cerca de 100 muertes vinculadas a actuaciones policiales: 55 durante septiembre y aproximadamente 45 en lo que va de octubre.
Al 28 de septiembre, los homicidios registrados en el país alcanzaban los 817. De ese total, 196 fueron atribuidos en el material a actuaciones de la Policía Nacional, equivalentes al 23 %. Estas estadísticas deben compararse con los registros oficiales para precisar las circunstancias de cada deceso y las categorías utilizadas para su clasificación.
Lucifer: una muerte que generó cuestionamientos
Entre las familias que dudan de las versiones ofrecidas por las autoridades se encuentra la de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como Lucifer, de 38 años, quien era buscado por su presunta participación en asaltos a mano armada y robos violentos. Murió tras ser herido de bala durante una operación de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional.
La versión policial afirmó que el hombre se enfrentó a los agentes, pero su hermana, Yudith Estévez, cuestiona las circunstancias en las que perdió la vida. Estévez reconoce que su pariente comenzó a delinquir en la adolescencia y que fue detenido en múltiples ocasiones. También relata que, a pesar de los intentos de la familia por orientarlo, su conducta empeoraba después de salir de prisión.
“Él era un joven normal como todos, incluso viajaba a España, no tenía adicción, pero esos viajes, un muchacho de 16 años manejando dinero, hubo parte de mala influencia, los amigos lo llevaron a consumir, a llevar esa mala vida”, relató.
La hermana explicó que en ocasiones ella misma lo entregaba a las autoridades para que respondiera por sus acciones. Horas antes de morir, Lucifer había visitado a su hermana y le advirtió que la Policía lo estaba buscando. Ella le aconsejó entregarse, pero él se negó. “Él dice que tenía dos órdenes de arresto, con dos órdenes de arresto, no era para matarlo, era para apresarlo”, expresó Estévez.
El deceso fue reportado como resultado de un intercambio de disparos. Sin embargo, la posterior difusión de imágenes de cámaras de seguridad generó dudas sobre lo ocurrido durante la operación.
Axel Ferreras: la defensa denuncia obstáculos para su entrega
El caso de Lucifer no es el único que ha provocado interrogantes sobre las garantías de las personas buscadas por las autoridades. En Barahona, Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, fue vinculado a un incidente en el que resultaron heridos un civil y un agente policial. El hecho ocurrió en la avenida Luperón, donde también fueron heridos el agente Erasmy Moreta y Wilmer Lara Féliz, señalado por las autoridades como un presunto delincuente.
Según la versión policial difundida por los medios, ambos se desplazaban en una motocicleta cuando una patrulla intervino. Las autoridades afirmaron que presuntamente se disponían a cometer un atraco y que, al advertir la presencia de los agentes, se produjo un enfrentamiento a tiros. Axel, quien viajaba como acompañante de Wilmer Lara, relató que se asustó al percatarse de que este portaba un arma de fuego.
“Ahí, ahí es que yo me asusto cuando veo que él tiene un arma. Me asusté y iba a frenar y él me dijo que acelere, acelera, acelera. Me está, me está dando para atrás para que acelere. Y yo aceleré. Y de ahí ya me escuché los fuetazos y ya”, contó.
Durante la entrevista, reconoció que su acompañante habría disparado contra la Policía y afirmó que este llegó a apuntar con el arma a otra persona. “Él no lo encañonó, ¿cómo te digo? Él le iba a tirar, sí, lo apuntó”, declaró al ser cuestionado sobre lo sucedido.
El aspecto central de la denuncia de sus abogados es lo que ocurrió después. Según la defensa, a primera hora del día siguiente del incidente, la familia contactó al bufete para coordinar la entrega voluntaria del joven en Barahona. Sin embargo, aseguran que acudieron a distintas dependencias policiales y al Ministerio Público, pero no lograron que lo recibieran.
Gilbert Ronaldo Matos Cuevas, uno de sus abogados, relató que primero acudieron a la Policía, donde conversaron con el coronel del DICRIM, el vocero de la institución y el subdirector. “Estos nos dijeron que no nos podían recibir y que para recibirlo teníamos que llevar el arma de fuego. Luego fuimos donde el fiscal de Barahona y él nos expresó que él no podía recibir a ese joven”, afirmó.
La defensa cuestiona que, a pesar de existir un aviso de búsqueda policial y una orden de arresto identificada con el número 2026-AJ009156, no se facilitara la entrega del joven. El documento señala que era buscado por su presunta participación en un ataque a una patrulla policial. La frase “estar en 29” se ha popularizado en las últimas semanas en las redes sociales, en medio de las denuncias por muertes durante operativos policiales. Según la explicación recogida para esta investigación, su origen se relaciona con la clave radial “1 en 29”, utilizada en las comunicaciones policiales para reportar a una persona fallecida.
Los abogados sostienen que la entrega tuvo que gestionarse fuera de Barahona después de que, según su versión, las autoridades locales se negaran a recibirlo. La Policía y el Ministerio Público de esa provincia deben ofrecer su posición sobre estos señalamientos para esclarecer las circunstancias del procedimiento.
Derechos Humanos denuncia otros casos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, asegura que la organización ha recibido denuncias de otras personas buscadas por las autoridades que intentaron entregarse y tampoco fueron recibidas. Según Mercedes, entre los casos reportados figuran dos jóvenes de San Luis y otras personas en Barahona, San Juan y la provincia Santo Domingo.
“Mire cómo pasó en San Luis, que dos jóvenes que supuestamente eran buscados, fueron a entregarse, no los recibieron. Nosotros tenemos más de diez casos de jóvenes que en diferentes partes del país, incluyendo Barahona, incluyendo San Juan, aquí en la capital, la provincia de Santo Domingo, San Juan y otras provincias”, manifestó.
El representante de derechos humanos sostiene que algunos de los jóvenes denunciados por la organización terminaron muertos posteriormente en hechos presentados como intercambios de disparos. Estas declaraciones constituyen denuncias que requieren ser examinadas caso por caso, mediante la revisión de las órdenes de arresto, los registros de las instituciones y las evidencias disponibles sobre cada intervención.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que, al 19 de octubre, 314 personas se habían entregado voluntariamente a las autoridades. No obstante, la cifra no permite establecer cuántas personas intentaron entregarse y no fueron recibidas ni cuántas desistieron por temor a las consecuencias.
De acuerdo con los datos citados en el material de esta investigación, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de 53,877 personas por distintos delitos. En ese contexto, las denuncias sobre supuestos obstáculos para la entrega voluntaria plantean interrogantes sobre los procedimientos que deben seguir quienes desean ponerse a disposición de la justicia.
Abogados cuestionan el manejo de las evidencias
Otro de los aspectos señalados por abogados y representantes de derechos humanos es el manejo de las evidencias en los escenarios donde se producen muertes durante operativos policiales. Carlos Balcácer cuestiona la forma en que, según sus denuncias, se realizan algunos levantamientos de cadáveres y reclama mayor transparencia en la presentación de las pruebas.
“Hay un intercambio de disparos, entonces muéstrele el arma a la población”, expresó. El abogado también cuestionó la rapidez con la que, según afirma, algunos agentes retiran los cuerpos de las escenas antes de completar los procedimientos correspondientes. “El médico-legista que levanta el cadáver. ¿Cuál es la prisa de estos policías en lanzar cadáveres a camionetas, sin esperar el protocolo del médico-legista?”, manifestó.
Balcácer se refirió además al caso de Lucifer y señaló que las imágenes de una cámara de seguridad muestran la llegada de dos motocicletas cuyos ocupantes, según su interpretación, serían agentes del DICRIM. Estas acusaciones deben contrastarse con las imágenes originales, los informes periciales y las explicaciones de las autoridades para determinar quiénes aparecen en la grabación, qué actuaciones realizaron y si se cumplieron los protocolos de preservación de la escena.
Policía remite las denuncias al Ministerio Público
Ante los cuestionamientos, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha señalado que las personas que consideren haber sido afectadas por una actuación policial pueden presentar sus denuncias ante el Ministerio Público. “Todo aquel que se sienta afectado por la Policía Nacional ante un mal procedimiento, pues expone una querella en el Ministerio Público y, obviamente, el Ministerio Público va a investigar”, declaró.
Mientras tanto, Carlos Balcácer y otros siete abogados han emprendido una acción judicial contra la institución y su director por las muertes ocurridas en los llamados intercambios de disparos. La iniciativa busca que se investiguen los casos y se establezcan responsabilidades si se comprueba que hubo actuaciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales.
Las denuncias de las familias, los testimonios de los abogados y las imágenes de los operativos mantienen abierto el debate sobre la actuación policial y la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada muerte. La delincuencia debe enfrentarse y quienes cometen delitos deben responder ante la justicia. Sin embargo, la persecución del crimen debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley. Una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Detrás de cada supuesto intercambio de disparos hay familias que reclaman respuestas y una obligación del Estado de investigar, esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. En un país donde no existe la pena de muerte, ninguna persona debería tener que recurrir a cámaras de seguridad, abogados y testigos para exigir que se respete su derecho a la vida y se le permita responder ante la justicia.