El Ministerio de Trabajo ha establecido un plazo de un mes para que los operadores de bancas de lotería en todo el país ajusten las condiciones de sus empleados a las normativas laborales vigentes. Esta medida busca garantizar salarios justos, seguridad social y entornos de trabajo dignos, especialmente en locales pequeños que a menudo carecen de instalaciones básicas. La decisión responde a la preocupación por la situación de aproximadamente 200,000 trabajadores, en su mayoría mujeres, en este sector.
El Ministerio de Trabajo ha concedido un lapso de treinta días naturales a los dueños, gestores y encargados de los puntos de lotería y apuestas a nivel nacional para que se ajusten a las disposiciones del Código de Trabajo, las regulaciones de seguridad y salubridad, así como a las exigencias del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, surge por la inquietud respecto a las condiciones en que funcionan miles de establecimientos ubicados en pequeñas estructuras que carecen de servicios sanitarios esenciales, a pesar de las extensas jornadas que el personal debe cumplir en dichos espacios.
El sector de las bancas de lotería emplea a cerca de doscientos mil trabajadores distribuidos en más de ciento diez mil locales en el territorio nacional, siendo la mayoría de ellos mujeres. Ante esta situación, la institución gubernamental subrayó que la informalidad de los establecimientos o el reducido tamaño de las casetas no exime a los empleadores de cumplir con la legislación laboral ni justifica circunstancias que pongan en riesgo la salud, la seguridad y la dignidad humana.
Durante las revisiones que se llevarán a cabo, las autoridades pondrán especial atención en la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados y accesibles, asientos ergonómicos, ventilación, iluminación, suministro de agua potable y condiciones apropiadas de limpieza e higiene. De igual manera, se verificará la existencia de botiquines de primeros auxilios y extintores de incendios para prevenir accidentes y responder ante emergencias de acuerdo con los riesgos de cada local. Las fiscalizaciones también comprobarán el pago del salario mínimo establecido por ley, el respeto a las jornadas laborales, los períodos de descanso y el registro formal de los trabajadores en la Seguridad Social.
La entidad aclaró que el plazo no interrumpe las facultades de inspección actuales, por lo que continuarán las intervenciones de manera preventiva, especialmente ante riesgos que pongan en peligro la integridad del personal. Una vez finalizado el período otorgado, la institución intensificará los operativos masivos de inspección a nivel nacional con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas y documentar las infracciones para proceder conforme a los procedimientos legales establecidos. El Ministerio recordó que la Constitución dominicana garantiza el derecho a trabajar en entornos seguros y que ninguna actividad económica está exenta de cumplir con la legislación laboral vigente.