Tribunal Superior Administrativo Confirma Multa a Clínica Abel González por Negar Atención a Víctimas del Colapso en Jet Set

Nacionales
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha ratificado una sanción económica de más de dos millones de pesos dominicanos contra el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. La multa se impuso por la negativa del centro a brindar atención de emergencia a dos personas afectadas por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) llevó el caso ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), defendiendo los derechos de los perjudicados.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha validado la penalización económica de RD$2,189,154.08 impuesta al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González. Esta sanción se originó por la incapacidad de la clínica de asegurar el cuidado urgente a dos individuos que resultaron heridos tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó este asunto ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), actuando en representación de los afectados.

La determinación se halla en la sentencia número 0030-04-2026-SSEN-00282, fechada el 22 de mayo de 2026. Por medio de esta, la Tercera Sala del TSA desestimó la apelación presentada por la institución médica y confirmó la Resolución DJ-GIS número 0012-2025, del 13 de agosto de 2025.

El 22 de abril de 2025, la DIDA recibió las solicitudes de Franklin Alberto Rodríguez Garabitos y Luis Thomás Graveley Hernández, quienes otorgaron una autorización formal de representación a la entidad. Ese mismo día, la DIDA remitió a la Sisalril los documentos D000653 y D000654, solicitando una investigación y la aplicación de las penalizaciones pertinentes. Al día siguiente, un grupo técnico de la Sisalril realizó una inspección en el centro de salud. Posteriormente, entrevistaron a los afiliados y revisaron los registros y la documentación relacionada con el suceso.

La indagación concluyó que la clínica no garantizó la atención de urgencia, no documentó la visita de los pacientes y, en vez de gestionar la cobertura con la Aseguradora de Riesgos de Salud (ARS), les comunicó que su póliza no era aceptada. La Sisalril dictaminó la sanción en un periodo inferior a cuatro meses desde la presentación de la queja. Durante el procedimiento, la clínica argumentó que no existían reclamaciones personales hechas por los afiliados. Sin embargo, el TSA rechazó dicha defensa y reconoció que las peticiones fueron tramitadas por la DIDA.

El tribunal resaltó que la institución tiene la potestad, conforme al artículo 29 de la Ley 87-01, modificado por la Ley 13-20, para recibir quejas de los afiliados y darles seguimiento hasta su resolución final. Asimismo, el TSA concluyó que la Sisalril actuó de acuerdo con la Constitución y la legislación, dentro de sus facultades para identificar infracciones e imponer penalizaciones, y que la clínica no logró refutar los hallazgos. Los jueces determinaron que los pacientes deben ser atendidos prioritariamente para salvaguardar su bienestar y que la verificación de la cobertura es responsabilidad del centro de salud y de la ARS, no del afiliado.

Además de la multa, la resolución ordenó a la clínica presentar un plan de acciones correctivas y ofrecer capacitación a su personal sobre las normativas del Seguro Familiar de Salud. “Este caso demuestra lo que se logra cuando las instituciones del Sistema colaboran: la DIDA asiste al afiliado, lo representa y gestiona su expediente; la Sisalril investiga e impone sanciones; y los tribunales confirman que se procedió conforme a la ley. Ningún afiliado debe ser rechazado en una situación de emergencia por su seguro”, aseveró el director general de la DIDA, Elías Báez.

Báez reafirmó que la DIDA seguirá recibiendo las denuncias de los afiliados y los acompañará ante las instancias correspondientes hasta que se resuelvan por completo. También animó a aquellos cuya capacidad de acceso a los servicios de salud se vea comprometida a dirigirse a la institución.