El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha aplazado la sesión matutina del juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros coimputados. La interrupción, programada hasta las 2:30 de la tarde, tiene como objetivo principal permitir la culminación de la revisión de los incidentes presentados por las defensas. Este proceso es crucial para el avance del caso, que investiga una presunta red de corrupción.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha pospuesto la sesión de este lunes hasta las 2:30 de la tarde, en el marco del juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás acusados. La finalidad de esta pausa es finalizar la exposición y el examen de las objeciones planteadas por los abogados defensores.
Antes de decretar el aplazamiento, el equipo legal de Rodríguez informó que aún quedaban dos puntos pendientes por discutir. Además, respondieron a una observación de la defensa sobre una supuesta objeción no considerada, aclarando que, conforme a la resolución emitida, esta se encontraba incluida en el numeral 14 del bloque B, específicamente en la página 566.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa de Rodríguez ha solicitado la exclusión de pruebas documentales y periciales presentadas por el Ministerio Público, argumentando supuestas irregularidades en su obtención y en la forma de su presentación. Asimismo, pidieron la devolución de una residencia familiar ubicada en Casa de Campo y pusieron en duda la legalidad de la incautación de ciertos bienes, al sostener que las autoridades habrían sobrepasado el alcance de las autorizaciones judiciales.
El proceso legal se origina de una acusación del Ministerio Público que imputa a Rodríguez y a otros involucrados una presunta estructura de corrupción administrativa durante su período al frente de la Procuraduría, entre los años 2016 y 2020, con un daño económico estimado en más de RD$6,000 millones.
La representación legal del exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó al tribunal que se retiren del expediente pruebas materiales relacionadas con bienes que, según su afirmación, fueron adquiridos por él y su esposa antes de que asumiera cargos públicos, y pidió que estos les fueran restituidos.
“Existe una propiedad cuya fecha de compra data de hace 24 años que el Ministerio Público pretende utilizar como evidencia y posteriormente confiscar”, declaró la abogada Nelfy Rivas.
La letrada también solicitó la exclusión de documentos y peritajes que, según su argumento, fueron recolectados fuera del periodo establecido para la presentación de la acusación o mientras el Ministerio Público estaba bajo intimación para entregarla.
Estas argumentaciones forman parte de las objeciones presentadas en el juicio por la alegada corrupción administrativa durante la gestión de Rodríguez al frente de la Procuraduría, entre 2016 y 2020.