Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desmentido la afirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex), que sostenía que 20 dominicanos se habían unido voluntariamente al ejército ruso. La investigación de la ONU revela que el reclutamiento de ciudadanos extranjeros, incluidos dominicanos, se realizó a menudo mediante engaños y coacción, contrariando la versión de acuerdos militares individuales y voluntarios.
Un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contradice la declaración ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex), el cual había comunicado que veinte dominicanos encontrados en Rusia habían firmado convenios militares de forma voluntaria e individual, a pesar de que inicialmente viajaron al país aceptando propuestas de empleos técnicos. El informe A/81/440 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania indicó que ciudadanos foráneos de veintinueve naciones, incluyendo la República Dominicana, fueron incorporados mediante diversas estrategias, entre ellas el engaño y la presión.
Según la indagación, algunas personas fueron seducidas con promesas de puestos laborales civiles, remuneraciones elevadas y mejores perspectivas económicas, pero posteriormente descubrieron que serían enroladas en las fuerzas armadas rusas.
Estas modalidades ya habían sido registradas y denunciadas por el programa N Investiga, a través de una serie de reportajes que mostraron testimonios de dominicanos atraídos por falsas ofertas de trabajo, contratos militares redactados en ruso, amenazas contra quienes intentaban abandonar el servicio y quejas de familiares que desconocían el paradero de sus allegados. Las pesquisas también detallaron las circunstancias que podían mantener a los afectados ligados al Ejército ruso por un año, bajo el riesgo de enfrentar sanciones penales o deudas si intentaban desvincularse.
La Comisión también documentó situaciones de extranjeros que fueron forzados a firmar acuerdos militares escritos en ruso, idioma que varios de ellos no entendían. En ciertas circunstancias, los reclutados reportaron intimidación, amenazas y limitaciones de movimiento cuando intentaron rehusarse a prestar servicio militar o abandonar las instalaciones donde se hallaban. El informe señaló, además, que algunos afectados fueron enviados a zonas de combate en Ucrania, a pesar de que inicialmente habían aceptado ofertas de empleo que no incluían su participación en operaciones bélicas.
El canciller dominicano, Víctor O. Bisonó Haza, había comunicado a los medios de comunicación que los acuerdos firmados por los dominicanos identificados estaban redactados en español y ruso y establecían compromisos para ambas partes.
Según el funcionario, la existencia de estos acuerdos individuales restringe la capacidad de acción del Estado dominicano para intervenir en los casos, aunque aseguró que el Gobierno mantiene las gestiones diplomáticas y consulares para ofrecer asistencia a los ciudadanos. Bisonó también informó que el Gobierno dominicano había manifestado su preocupación a las autoridades rusas por las ofertas laborales que podrían derivar en actividades relacionadas con el conflicto armado. En ese sentido, la Cancillería indicó que mantiene abiertos los canales diplomáticos con Rusia para dar seguimiento a los casos identificados y facilitar ayuda a los dominicanos que la necesiten.
Mientras tanto, la investigación de Naciones Unidas establece que las autoridades rusas y los agentes involucrados en determinadas operaciones de reclutamiento incurrieron en prácticas de trata de personas y otras transgresiones de los derechos humanos. La Comisión concluyó que existieron casos de reclutamiento mediante engaños y coacción, por lo que sugirió detener estas prácticas, investigar a los responsables y garantizar protección a las víctimas.
Aunque el informe menciona a República Dominicana entre los países de origen de los extranjeros reclutados, no especifica que los veinte dominicanos identificados por el Mirex hayan sido víctimas de esas prácticas. Los hallazgos de la ONU cuestionan que la firma de un contrato militar constituya, por sí misma, una prueba suficiente de que una persona aceptó libremente unirse a las fuerzas armadas rusas.